Editorial

Blindar el euskera

31.05.2021 | 00:41
Alumnos con mascarilla durante su clase en el Colegio San Miguel de Noáin.

Las últimas decisiones de la justicia a ambos lados del Bidasoa sobre el uso de la lengua vasca son discriminatorias y muestran la necesidad de articular garantías jurídicas que impidan estos ataques

La supervivencia del euskera en un mundo globalizado e hiperconectado tiene amenazas crecientes, propias y ajenas, que es imprescindible superar por la vía del mayor blindaje posible para la lengua vasca, teniendo siempre en cuenta que no todas las medidas a adoptar son fácilmente materializables y muchas de ellas no están en manos de la ciudadanía y las instituciones vascas. Otras muchas sí lo están. Además de las graves consecuencias que está teniendo para el uso y fomento del euskera la actual pandemia, cuyo impacto se está notando claramente y que afectará durante largo tiempo, en las últimas semanas algunas decisiones de la justicia a ambos lados del Bidasoa han supuesto un duro varapalo para nuestro idioma. La insólita sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que ha anulado el requisito del perfil lingüístico de la convocatoria pública de plazas para la Policía Local de Irun al considerar que el conocimiento obligatorio del euskera es un requisito "discriminatorio", y la resolución del Consejo Constitucional francés de tumbar la inmersión lingüística de las lenguas minorizadas en las escuelas públicas del Estado galo, aunque evidentemente distintas en su motivación y alcance, son ejemplos de un claro menosprecio legal a la lengua vasca que han causado irritación y honda preocupación. Las múltiples reacciones a estas decisiones, la última de ellas las manifestaciones que tuvieron lugar el sábado –como la multitudinaria desarrollada en Baiona– en el Estado francés son muestra del rechazo a estos fallos. La complejidad de las amenazas que sufre el euskera y, con ello, sus hablantes que ven menoscabados sus derechos, dificulta la búsqueda global de soluciones. Todas las lenguas, y en especial las minorizadas, como patrimonio común, deben contar con una especial protección de carácter legal e incluso constitucional que garantice su uso, impulso y normalización en todos los ámbitos, y fundamentalmente en la educación. El indudable compromiso de la ciudadanía vasca en apoyo de su idioma y su activa actitud en el fomento de su uso deben forzar el necesario blindaje jurídico que impida que interpretaciones sesgadas, uniformizadoras y discriminatorias sigan vulnerando los derechos de los euskaldunes.

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