avarra da un paso más en su apuesta histórica por medidas para garantizar un final de la vida lo más digno posible. La aprobación del decreto foral que regula la práctica en Navarra de la Ley de Eutanasia aprobada el pasado marzo en el Congreso con una amplia mayoría política -solo PP, la ultraderecha de Vox y UPN se desmarcaron de este paso en defensa de un sistema garantista de derechos humanos-, asegura tanto la posibilidad de las personas de llegar al final de sus días con una muerte los más digna posible como el derecho a la objeción de conciencia en los profesionales sanitarios. La inclusión de la descripción del proceso de deliberación médica, de la posibilidad de objeción de conciencia o de la opción de aplazamiento del proceso por el paciente en todo momento contribuirán a que la nueva legislación no solo regule la eutanasia sino que también contenga la integridad moral y dignidad humana que impulsan la demanda social de la propia ley. Un decreto que es fruto de un intenso y plural proceso de participación pública y profesional con más de 71 aportaciones y que sitúa al frente del ejercicio del derecho a una Comisión de Garantías conformada por 12 personas como responsable última de dar luz verde en situaciones de seguridad jurídica y necesidad vital al derecho a una muerte digna. De hecho, la normativa foral establece condicionantes básicos previos como la perspectiva de un sufrimiento intolerable, las plenas capacidades y voluntades expresas del solicitante o la prestación de una información médica al paciente contrastada con profesionales especialistas en su dolencia que describan y evalúen las perspectivas de tratamientos y evolución de la enfermedad. La inclusión del derecho a la eutanasia en el catálogo de derechos de la ciudadanía navarra es un paso más en una estrategia -Navarra ha sido una de las comunidades primeras y más avanzadas en abordar esta cuestión-, que ya ha incluido en los últimos años pasos previos como el testamento vital, los cuidados paliativos y los documentos de últimas voluntades. El largo trabajo legal político y profesional de este tiempo, la intensa lucha reivindicativa de las organizaciones y los particulares que demandaban el derecho a decidir el final de la propia vida con dignidad llega a un lugar de consenso amplio y garantista. No es el mero tránsito de morir dignamente lo que se satisface, sino la posibilidad de elegir una alternativa a una injusta condena a la agonía.