Navarra cerró el pasado 2021 con unos ingresos de 5.071 millones de euros, de los que 4.175 millones (el 82%) fueron recaudación tributaria. Es un 7,2% más que el año anterior, que se había visto muy golpeado por la crisis derivada del covid.

Y supone al mismo tiempo una recaudación pública sin precedentes que permitió al Ejecutivo de Chivite atender sin apreturas las necesidades de financiación e incluso rebajar la deuda. Estamos, por lo tanto, ante una cifra récord indicativa de la recuperación económica que se vivió una vez que se fueron relajando las medidas restrictivas impuestas para tratar de detener la expansión de la pandemia. Los óptimos datos de recaudación no ocultan, sin embargo, algunas deficiencias de la arquitectura fiscal.

La principal reside en que el peso de los ingresos públicos recae cada vez más en las rentas del trabajo y en el consumo, mientras que la aportación de los beneficios empresariales a la hucha común cada vez tiene menos peso. Concretamente, el año pasado la Hacienda Foral recibió 1.644 millones gracias al IRPF (el 39,3% del total) y otros 2.074 millones de impuestos indirectos, de los cuales el 70% se recaudó a través del IVA.

Queda claro, en consecuencia, que las rentas del trabajo y los impuestos que se cargan sobre el consumo sin discriminar los ingresos del comprador son el principal sostenimiento de los servicios públicos, ya que estos dos tributos aportan el 86% de la recaudación de la Comunidad Foral. Por el contrario, el Impuesto de Sociedades sólo dejó en las arcas públicas 320 millones. Fueron 70 millones más que en 2020 pero solo representa el 7% del total.

Y lo que es más preocupante, la brecha entre lo que se recauda por rendimientos del trabajo y por beneficios empresariales, lejos de detenerse, se encuentra en máximos históricos. Mientras que en el año 2000 la diferencia entre los que se ingresaba en Navarra por IRPF y Sociedades era de 344 millones, ahora es de 1.323 millones. O lo que es lo mismo, Hacienda ingresa con las rentas del trabajo cinco veces más que con los beneficios empresariales. Una diferencia a todas luces excesiva y que pone sobre la mesa la necesidad de revisar algunas normas fiscales en aras de distribuir con criterios más equitativos los esfuerzos que el conjunto de la sociedad hace para financiar los servicios públicos.