Con el recién aprobado acercamiento de trece presos de ETA, la política de dispersión, largamente criticada como contrasentido de forma que la legislación penitenciaria no debiera aplicarse según ejes políticos sino en base a criterios de aplicación universal, solo quedan ya en prisiones españolas otra treintena atendiendo a la expectativa cumplida en la aplicación de la legislación penitenciaria. Independientemente de los nombres y el historial sangriento de los acercados, entre los últimos, Javier García Gaztelu y Henri Parot se hace necesario insistir en que este paulatino proceso de acercamiento supone un vuelco en el mapa de la dispersión que solo ha responder al cumplimiento de la ley penitenciaria junto a la aplicación de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según la cual las personas internas tienen derecho a cumplir condena cerca de su domicilio o el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La también largamente aplicada política penitenciaria, basada en la dispersión y el alejamiento mantuvo la perversa teoría de que el cumplimiento de la normativa, independientemente del historial sangriento, o en este caso de autores de asesinatos que marcaron un hito, como el de Miguel Ángel Blanco, vayan en detrimento de las propias víctimas de ETA. Ni siquiera debilita la acción del Gobierno de Madrid sino que la refuerza como cumplidor de la ley una vez que ETA lleva más de una década desaparecida y le sitúa en colaboración con la convivencia de una sociedad que padeció durante décadas un sufrimiento injusto. Su utilización política por parte de los ciertos sectores, dibujando concesiones en lo que es el cumplimiento íntegro de la ley o relacionando torticeramente la actual política penitenciaria con la gestión vasca de las Prisiones a punto de cumplir un año y con una firme apuesta por las políticas de reinserción mediante progresiones de grado o procesos de justicia restaurativa según los casos, no hacen sino desviar la atención sobre el fin de una estrategia pasada que solo socializaba el castigo hacia el entorno social y familiar de los presos y presas. El último acercamiento a cárceles vascas, después de tres décadas de dispersión y de excepcionalidad, debe sin embargo mantener la exigencia de reconocimiento por parte de los reclusos al daño causado. Sería el paso definitivo para restañar las heridas y cerrar el círculo hacia una convivencia sin rehenes del pasado.