La campaña electoral en Extremadura ha resultado alejada del contraste de programas democráticos, para caer en las dinámicas de conveniencia que ha diseñado el aparato del PP. Los populares han optado por no exponer a su candidata a la reelección, María Guardiola, rehuyendo debates públicos con otros candidatos y apoyándose en formatos controlados, con el objetivo de no agitar un voto de rechazo que pudiera rentabilizar el PSOE.
En paralelo, se ha escenificado un desencuentro con la ultraderecha por los excesos verbales de ésta, pero que nadie entendía como un veto, en tanto el mismísimo presidente del partido, Alberto Núñez-Feijóo, ha acabado admitiendo que la investidura tendrá que pasar por el apoyo de Vox. Similar escenario se perfila en Aragón, donde Jorge Azcón ha convocado elecciones para el 8 de febrero. El esquema se repite: rebajar perfil ideológico en campaña y diferir cualquier relato sobre pactos con Vox a la noche electoral, pese a que la aritmética apunta a quien sin la extrema derecha no obtendrá mayoría posible. Tranquilizar al electorado moderado pasa por no admitir abiertamente la coincidencia de políticas con los de Santiago Abascal, que exigirá materializar su agenda.
El PP llega a las elecciones del domingo recién alineado con la normalidad a esa alianza mediante un pacto de investidura en Valencia. El nuevo gobierno de Pérez Llorca ha nacido condicionado por la agenda de la ultraderecha, como sus primeras decisiones evidencian: negacionismo climático en plena crisis ambiental, retrocesos en políticas de igualdad y un discurso de mano dura frente a la inmigración, del que alardea simultáneamente el propio PP en lugares como Badalona.
En el otro lado del tablero, la izquierda llega dividida y con un PSOE debilitado para articular una propuesta autonómica suficiente justo cuando arranca un largo ciclo electoral. En Extremadura, la fragmentación entre socialistas, espacio a la izquierda y candidaturas territoriales complica cualquier suma alternativa al bloque de derecha. Aragón inaugura en febrero un calendario que en 2026 seguirá con Castilla y León en marzo como fecha más probable y no terminará ahí.Lo que estas campañas anticipan es un patrón preocupante en el que ya apenas se simula una voluntad de centrar el discurso.
