La energía ha jugado un papel significativo en el dato de IPC anticipado conocido ayer, cuya bajada se explica en el descenso de precio en el sector. Pero, además, es un termómetro más allá de la inflación en tanto condiciona la competitividad de las empresas y alimenta, no poco, la caja recaudatoria del Estado. Cada punto de subida en la factura de la luz o en los carburantes se traduce en décimas de inflación, pero a la vez soporta una estructura fiscal que grava la generación y el consumo con un mosaico de impuestos especiales, tasas y un IVA que ha vuelto al 21%, y que ha aportado cerca de 2.000 millones extra solo en 2025. El dilema clásico demanda soluciones nuevas: el Estado necesita recursos para financiar servicios y la transición energética, pero apoyarse en subidas de la factura eléctrica es pan para hoy y hambre para mañana. Tasas como el 7% a la producción de electricidad o el impuesto especial del 5,11% encarecen el recibo y erosionan la ventaja competitiva que debería aspirarse a tener gracias a las renovables. El equilibrio ha de buscarse no exprimiendo cada kilovatio consumido, sino favoreciendo más actividad y más inversión: la recurrencia de los ingresos viene del crecimiento, no de ordeñar un consumo energético caro que merma recursos a hogares y tejido productivo.
Alcanzar el círculo virtuoso de actividad y recaudación supondrá un esfuerzo original de inversión, pero en tanto la apuesta estratégica es electrificar para descarbonizar, es imprescindible una red de distribución mallada y robusta que llegue a polígonos, comarcas industriales y entornos rurales sin cuellos de botella. Los diagnósticos hablan de triplicar el ritmo de inversión en redes en el Estado hasta 2030 si quiere electrificar industria, transporte y vivienda al ritmo marcado por el Plan Energético y por Bruselas. El debate fiscal sobre la energía debería, por tanto, girar porque la recaudación coyuntural vía factura no garantiza la sostenibilidad de la disponibilidad de recursos públicos que sí aportaría una electricidad competitiva: inversión, producción, exportaciones, empleo y, con ello, una base tributaria más sólida y recurrente. Porque la mejor política energética es, a la postre, una política industrial que conecte enchufe, empresa y hacienda sin cortocircuitar a la primera ni al bolsillo del consumidor final.
