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El anuncio del presidente Pedro Sánchez de que hoy desclasificará documentos sobre el 23-F vuelve a ponernos ante la desagradable sensación de que el secreto oficial se gestiona más como herramienta política que como pilar de una democracia madura. El problema no es solo qué se desclasifica y cuándo, sino que seguimos anclados a una Ley de Secretos Oficiales franquista de 1968, parcheada pero intacta en lo esencial. Y eso ocurre pese a los intentos de elaborar una norma democrática, labor en la que se ha empeñado especialmente el PNV durante la última década empujando una reforma razonable. La hemeroteca es fiable y la verdad, empecinada.
Puede tener razón el PP en reprochar el intento de una cortina de humo del PSOE pero lo cierto es que el partido de Feijóo se ha mostrado cómodo con el blindaje de la ley franquista. Cada iniciativa de sustituirla, se estrella una y otra vez contra el bloqueo del PP, pero también del PSOE con una estrategia dilatoria, en la Mesa del Congreso. Las agendas particulares siguen haciendo de la regeneración democrática un elemento utilitarista. Junts reclama ahora, con razón, que se desclasifiquen otros documentos sensibles, pero su estrategia de vetar sistemáticamente los proyectos de ley del Gobierno ha devuelto a la casilla de salida la iniciativa de Información Clasificada que podía haber servido, al menos, como marco para negociar enmiendas y plazos. Si algo muestra la experiencia es que sin verdad, justicia y reparación no hay memoria democrática digna de ese nombre. Cincuenta años después del 3 de marzo de Gasteiz, los responsables políticos siguen sin asumir en serio la desclasificación integral de aquella represión, que ni siquiera figura en la agenda prioritaria del Gobierno.
Se prefiere el goteo mediático, calculado, sobre episodios como el 23-F, antes que un enfoque sistemático y transparente de los secretos del Estado. Carecemos de una ley de secretos oficiales verdaderamente democrática, con plazos claros, control parlamentario real y garantías para que episodios como Gasteiz, los Sanfermines del 78 o la guerra sucia no sigan sepultados bajo candado. PP y PSOE deben dejar de esconderse tras prórrogas infinitas, y el resto de fuerzas que se reclaman regeneradoras han de asumir que sin un marco estable no habrá desclasificación justa, sino utilitarismo.