La guerra en el Golfo Pérsico, con el bloqueo del estrecho de Ormuz y los ataques contra instalaciones de suministro de hidrocarburos, ha disparado los precios del petróleo un 40% en días, arrastrando al alza luz, gas y carburantes. Frente a esta crisis energética, el Consejo de Ministros aprobó este viernes un plan anticrisis de 5.000 millones: IVA carburantes al 10%, supresión del impuesto eléctrico y bono social reforzado. Medidas pactadas por PSOE y Sumar, no sin dificultad a la vista del retraso de la toma de decisión, acotadas a lo esencial, pero pendientes de convalidación parlamentaria.

Un trámite que no está libre de trabas ni permite dar por hecha la aprobación. En febrero, los pulsos partidistas –y el recurrente error de unilateralidad en las políticas que comete el Gobierno español, aunque sabe que depende de consensos que deben trabajarse previamente– tumbaron el escudo social por un pulso ideológico entre extremos que impidió prorrogar medidas de protección y obligó a reconducir la actualización de las pensiones en segunda instancia.

Romper esa dinámica es imprescindible y atender al desempeño en el entorno puede aportar lecciones. Francia prorrogó el jueves su tope al precio del gas doméstico y el bono de energía (+20% de dotación para los más vulnerables); Italia activó el 10 de marzo créditos fiscales ampliados; Alemania extendió el pasado día 5 los subsidios de calefacción, el tope a los precios gas hasta diciembre; Portugal reforzó su tarifa social.

Son medidas extraordinarias con carácter temporal y focalizadas en la factura energética inmediata, sin ambiciones reformistas que pueden debatirse y trabajarse en busca de respaldos mayoritarios, pero que no obstruyen la toma de decisiones por un pulso ideológico. En los países citados no decaen sus medidas porque su alcance es preciso: protegen suministros básicos y evitan generar riesgos de inseguridad jurídica por tratar de avanzar en una determinada visión política más allá de lo que asegura la normativa vigente. Urge una respuesta eficaz y rápida que proteja a los más vulnerables y a la actividad económica. Un equilibrio pragmático que permita convalidar medidas sin dilación sin que esto cierre más adelante debates igualmente legítimos. La ciudadanía vulnerable y la economía real lo exigen.