Más de tres décadas después de la campaña de difusión del uso del preservativo –el célebre “Póntelo, pónselo”– se repiten los debates que entonces rodeaban al criterio de fomentarlo como mecanismo de seguridad sanitaria. No estamos en los años 90 del pasado siglo ni se percibe la urgencia de frenar la extensión del VIH. Pero, paradójicamente, sí asistimos a una profunda amnesia colectiva.

La juventud actual ha perdido el miedo histórico a la enfermedad y, con ello, se ha reducido o directamente desaparecido la percepción del riesgo en sus relaciones sexuales. Hay datos oficiales que hablan de un abandono generalizado de los métodos de barrera que nos ha devuelto a escenarios críticos: las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) baten récords. Solo en el último año, los diagnósticos de clamidia crecieron más de un 13%, y los de gonorrea y sífilis el 10%.

Paralelamente, los embarazos no planificados siguen siendo una realidad de fuerte impacto: más de 11.000 adolescentes de entre 15 y 19 años abortan anualmente en el Estado, y se observa un repunte alarmante de intervenciones en niñas menores de 15 años. Casi la mitad de las mujeres que abortan reconoce no haber utilizado ningún método anticonceptivo. El aborto, por supuesto, tampoco lo es.

Esta crisis de prevención coincide con una anticipación de la práctica sexual en adolescentes: la edad media de la primera relación en el Estado cae hasta los 16,5 años, y varios estudios alertan de un inicio en el coito con penetración a edades tan tempranas como los 13,8 años. No es un fenómeno generalizado, pero iniciarse cada vez más pronto, prescindir de protección y educarse con la pornografía conforman una tormenta perfecta.

Pero, ¿quién debe asumir de forma efectiva la educación sexual de los menores? Hay sectores que extraen la formación del ciclo educativo y la ubican en el ámbito familiar. Estos planteamientos, de naturaleza moral y habitualmente restrictiva, chocan con el hecho de que los hogares a menudo carecen de las herramientas, el tiempo o la confianza para encararlo con el rigor necesario.

Por ello, resulta imperativo aportar al sistema educativo herramientas para la educación afectivo-sexual porque es una cuestión de salud pública. Informar y formar no es inducir; al contrario, ocultar impide proteger a los menores y les dificulta asumir la responsabilidad que les reclamamos.