Mesa de Redacción

Incomprensible, contradictoria, injusta y de dudosa legalidad

10.02.2020 | 05:22

el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que anula buena parte del decreto foral del euskera en la Administración aprobado por el anterior Gobierno es un intento por la puerta de atrás judicial de anular la Ley del Euskera de 1986 y, sobre todo, de eliminar la zona mixta de Navarra, a la que cada año se suman más localidades, y equipararla a la zona no vascófona. Si la zonificación ya era un modelo excepcional, injusto y discriminatorio -más con la evolución social más de tres décadas después-, el mapa que deja este fallo es un humillante intento de trampear la ley vigente y saltar por encima de los derechos y la voluntad ciudadana. Evidentemente, es también un uso de la justicia para colocar una bomba política en el seno del nuevo Gobierno de Chivite y facilitar el discurso rupturista, extremista y demagógico de Navarra Suma. Nada nuevo. Pero esta vez es también un salto acrobático de más que dudosa legalidad. La sentencia anula elementos sustanciales del decreto: la parte relativa a la valoración del euskera en los puestos de la zona mixta y la zona no vascófona, así como otros artículos sobre el bilingüismo en impresos, comunicaciones, anuncios, publicidad, rótulos, despachos, folletos, vehículos y señalización vial. Mientras, lenguas extranjeras que no son cooficiales en el Estado ni propias de Navarra -alemán, inglés, francés y las que vengan- mantienen, por supuesto, su valoración para esos mismos puestos. Incomprensible contradicción e injusticia. Es un paso más hacia la marginalidad y la no visualización del euskera en amplias zonas de Navarra. Tremendo intento de empobrecer en su propia cultura a una sociedad democrática y libre del siglo XXI. Esperar una resolución del TSJN avalando el decreto del euskera en la Administración hubiera sido una ilusión inútil. En esto, en la judicialización de la política, Navarra también ha sido una tierra de ensayo, y el euskera un campo abonado para ello. Desde que en los años 90, los gobiernos de UPN iniciaran un involución en la legislación sobre el euskera desde una interpretación restrictiva de la Ley del Euskera, los tribunales, y en última instancia el TSJN, han sido los principales valedores, con alguna excepción anecdótica, de esa marcha atrás cada vez que una mayoría política democrática en el Parlamento de Navarra -o la demanda de ayuntamientos navarros- trataban de frenar ese proceso e impulsaban medidas para favorecer su normalización administrativa y educativa en consonancia con su avance social. En realidad, este decreto del euskera apenas ponía en marcha medidas mínimas para paliar los efectos de años de políticas de exclusión del euskera en las administraciones y el intento sistemático durante años de relegar la lengua a la marginación. Pero cualquier paso, por pequeño que sea, es mucho para quienes viven obsesionados con acabar con esta lengua propia de Navarra o desterrarla al olvido en el cajón de la inutilidad como simple reliquia de una historia pasada. Aunque sean esas actitudes precisamente las que vulneran la Constitución, la Ley del Euskera, la legalidad europea y los tratados internacionales firmados por el Estado español para la protección de las Lenguas Minorizadas. Navarra sigue siendo una excepción en Europa, el único territorio en que se persigue y minoriza por vía política, institucional, mediática y judicial una lengua propia. Toca seguir sumando consensos en positivo.