He escrito varias veces ya que recuperar la credibilidad de la justicia es uno de los deberes más urgentes de la democracia española. No me refiero tanto a los jueces ordinarios que trabajan en los tribunales locales -casi siempre con escasez de recursos humanos y materiales-, como a los órganos de control del propio poder judicial y a los altos tribunales de justicia. No es una cuestión únicamente política o periodística, la credibilidad de esos órganos judiciales está en duda en la propia sociedad, tal y como señalan las sucesivas encuestas y barómetros que señalan a los jueces como uno de los principales problemas según la percepción de los ciudadanos. El último episodio protagonizado por el Consejo del Poder Judicial a la hora de avalar el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado es un buen ejemplo de la distorsión permanente que impone la politización de la justicia a la credibilidad de esa misma justicia. Siete miembros del CGPJ, todos ellos designados por el PP, se negaron incluso a cumplir con su obligación de valorar a Delgado como jurista. Basta recordar que apenas unas pocas horas antes, Casado les había pedido que boicotearan ese nombramiento. Así, públicamente y sin rubor alguno. No sé si Delgado es una buena o mala elección -a mí no me gusta-, pero tampoco es la primera vez que un exministro pasa a ser Fiscal General. Ya lo hizo el navarro Javier Moscoso, que fue ministro de Presidencia con González y luego le nombró Fiscal General. Lo grave de la situación actual en los altos poderes judiciales es la negativa de las derechas a abordar su obligatoria renovación. El Poder Judicial, controlado mayoritariamente por los dedos del PP, lleva más de un año en funciones y pese a ello no ha parado de efectuar nuevos nombramientos, 47 magistrados, 12 de ellos en el Supremo, incluidos dos presidentes de Sala, y en varios tribunales superiores de justicia autonómicos. La realidad de la devaluación de la separación democrática de poderes es que los altos tribunales han sido copados en los últimos años por jueces y fiscales afines al PP, en muchos casos saltándose los procedimientos ordinarios y optando por candidatos con menor experiencia. Ni siquiera se molestan en disimular: la afinidad política, el amiguismo corporativo o el nepotismo familiar han acabado impregnando todo. También la credibilidad e imparcialidad de la justicia. Que los creadores de ocupamos la Sala 2ª de lo Penal del Supremo por la puerta de atrás con este nombramiento o aquella histórica grabación al ministro Fernández Díaz y no te preocupes que si eso ya te lo afina la Fiscalía se conviertan ahora en paladines de la defensa de la imparcialidad de la justicia solo es otro ejemplo más de su devaluación. Perdidas hace ya tiempo las mínimas formas en el respeto a las reglas de juego político democrático y las bases de la separación de poderes de cualquier sistema parlamentario digno, la ideología campa a sus anchas en los autos de los jueces, en sus artículos de opinión y en sus intervenciones como tertulianos. Y cuanto menos independientes y menos separados estén el Gobierno, la Política y la Justicia y también los medios, más controlado y uniforme será todo y la democracia será menos cada vez.