oable la iniciativa conjunta de nueve siglas progresistas en demanda de que el Senado investigue el cobro por Juan Carlos de Borbón de una comisión millonaria apoquinada por Arabia Saudí por sus oficios para la construcción del AVE a la Meca. Una solicitud que quedará sin embargo en agua de borrajas bajo el pretexto de una inviolabilidad que a los efectos equivale a impunidad pese a que el actual rey Felipe ha renunciado a toda herencia de su padre procedente de cualquier chanchullo y además retirándole la asignación oficial anual, toma presunción de inocencia. Así que habrá que estar a las pesquisas de la Fiscalía suiza, también sobre un posible delito de blanqueo de capitales con el concurso de alguna amante y el silencio de la extensa ralea de cortesanos cómplices. A expensas del desarrollo de los acontecimientos en sede judicial foránea, debe incidirse con motivo del Día de la República en que la Monarquía Parlamentaria no es el único sistema que legitima una democracia y que la Casa Real nunca se ha sometido por sí misma a la votación de la ciudadanía. Ni siquiera cuando su existencia conculca el principio de igualdad consagrado constitucionalmente, una contradicción que exige su contraste directo en las urnas. Y no se trata de ideología, basta mirar a la derecha francesa.
