l acuerdo unánime de los cuatro grupos municipales para impulsar el Plan de Recuperación de Iruña, dotado con 5,1 millones de euros, demuestra, primero, una actitud mucho más responsable de los grupos de la oposición -EH Bildu, PSN y Geroa Bai- que la que mantuvo UPN durante los cuatro años de la pasada Legislatura. Y también evidencia que ese acuerdo ha sido fruto del proceso de diálogo y negociación entre Navarra Suma y estos tres grupos, una realidad positiva para Pamplona que Maya negó públicamente de forma hipócrita. Maya cedió de nuevo a presiones políticas y mediáticas externas y ajenas a los intereses de la ciudad. Pero ese camino de los acuerdos y el diálogo sin exclusiones es bueno para Iruña y lo será también para Maya si es capaz de anteponer la política real a la política tóxica. Le guste o no le guste, la realidad es que Navarra Suma sostiene su alcaldía en una minoría política que necesita de ampliar acuerdos para gobernar con unos mínimos de decencia democrática. El recurso a la alcaldada permanente es un mal camino que ni siquiera le garantiza los tres años que aún restan de Legislatura. De los cinco presupuestos que ha presentado como alcalde en sus dos etapas no ha aprobado ninguno. De hecho, cuando se va a cumplir un año de su vuelta a la alcaldía, el bagaje municipal de Navarra Suma tiene mucho más que ver con el trabajo que dejó hecho el equipo de gobierno de Asirón que con lo que han aportado de nuevo Maya y su grupo. Sobre todo, la puesta en marcha de proyectos del Ayuntamiento anterior sobre los que, además, habían votado sistemáticamente en contra. Incluso esos 5,1 millones de euros del plan de Recuperación salen del superávit que se encontró en las arcas públicas de Pamplona. Al margen de ese camino ya diseñado, las actuaciones de Navarra Suma estos doce meses han sido extemporáneas en asuntos como la censura y los nuevos intentos de minorizar la normalización del euskera o el absurdo empeño en defender la indefendible chapuza de la pasarela del Labrit pese a su inseguridad. O la imposición de la reapertura al tráfico de Padre Moret en pleno auge del cambio de modelo de las ciudades desde criterios de sostenibilidad medioambiental y convivencia ciudadana. La campaña de intoxicación política y manipulación social contra los planes de amabilización en Iruña, la judicialización permanente de los avances en favor del euskera y su defensa a ultranza de la reapertura de la pasarela del Labrit fueron símbolos de la batalla contra el anterior gobierno de Pamplona. Ahora la pasarela sigue cerrada y la reapertura de Padre Moret ha sido una imposición política contra la mayoría democrática del Pleno, edulcorada con la puesta en marcha apresurada de áreas de peatonalización y carriles-bici diseñados con anterioridad. Sólo le queda el empecinamiento contra el euskera, la reducción de la participación social, la persecución del activismo cultural y popular en los barrios y la confusa gestión de la pandemia del covid-19 en la ciudad y de la suspensión de los Sanfermines. Y una deriva autoritaria, como muestra de impotencia política, con decisiones y actitudes ideológicas que nada tienen que ver con los intereses generales de Pamplona ni de sus ciudadanos. Un triste balance. Mejor seguir explorando el camino de la responsabilidad de los acuerdos con una oposición mayoritaria en el Ayuntamiento.