Mesa de Redacción

Ley mordaza, ya cinco años muy tarde

03.07.2020 | 01:07

La denominada ley mordaza ha cumplido cinco años ya de vigencia. El Congreso ha aprobado su derogación y los partidos que conforman el Gobierno de Sánchez, PSOE y Unidas Podemos, se han comprometido reiteradamente a ello. Pero la realidad es que sigue activa y siendo más utilizada que nunca. La ley mordaza, heredera de la grotesca ley de la patada en la puerta del que fuera ministro de Interior con González, José Luis Corcuera, fue aprobada por el PP y forma parte de un compendio de retrocesos legales y penales, junto a los cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal o las sucesivas reformas, siempre en sentido restrictivo y punitivo, en el Código Penal que han puesto en cuestión derechos democráticos constitucionales y han supuesto una regresión en las libertades fundamentales de las personas. Se han recortado derechos civiles y políticos y limitado el ejercicio de las libertades de manifestación, opinión y expresión. Esos cambios han involucionado hacia un modelo autoritarista. El Ministerio de Interior de Marlaska insiste en su compromiso con la derogación de este engendro legal, que también está pendiente aún del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, pero durante el confinamiento y la pandemia sanitaria de la covid-19 ha sido la herramienta legal y policial más utilizada. Precisamente en ella se ha apoyado el actual Gobierno para sustentar las más de 9.000 detenciones y las casi 1,2 millones de sanciones impuestas durante el estado de alarma. De ellas, 13.031 en Navarra. Más allá de la validez jurídica de muchas de esas actuaciones y multas que han manifestado abogados, magistrados y juristas, organizaciones como Amnistía Internacional o Greenpeace, han cuestionado y criticado una vez más la calidad democrática de la ley mordaza. La normativa parece tener los días contados. Hay una mayoría política amplía y suficiente para ello en el Congreso. Pero ocurre como con la reforma laboral de 2012 del PP, otro marco legal de recorte de derechos laborales y sociales, que pese a esa mayoría política en contra sigue vigente. Sólo es cuestión de voluntad, que precisamente es lo que parece faltar a la hora de la verdad. Y su derogación ya llega tarde para cientos de personas que han sufrido condenas, cárcel y multas por ejercer su derecho de opinión o de manifestación.