na de las muchas tareas que tenemos pendiente como sociedad es procurar que todos los centros escolares sufragados con dinero público reúnan estándares similares de calidad. Y no solo en cuanto a la enseñanza que se imparte, sino también a sus instalaciones. Sin embargo, tratándose de algo de sentido común y de justicia social, estamos muy lejos de alcanzarlo. Desde luego, nunca lo conseguiremos mientras sigamos dando por válido que unos colegios son mejores que otros, pese a que su financiación parta de la aportación tributaria del conjunto de la ciudadanía. En definitiva, hemos normalizado una desigualdad manifiesta que va mucho más allá de la libre elección de centro y de los diferentes modelos educativos. Así como nunca aceptaríamos que la atención sanitaria sea mejor en un barrio que en otro, y por eso la inmensa mayoría de la sociedad tiene su médico de cabecera en el centro de salud más próximo a su domicilio, en la enseñanza sigue habiendo diferencias abismales entre los distintos centros. Por eso, la decisión del Gobierno foral de distribuir al alumnado más desfavorecido por toda la red escolar -tanto pública como concertada- ha de darse con la máxima celeridad posible, aunque solo sea un primer paso hacia la necesaria igualdad.
