Mesa de Redacción

Pablo Hasél, el uso del Código Penal para perseguir ideas

02.02.2021 | 01:07
Mesa de Redacción por Joseba Santamaria

La Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso en prisión del poeta y rapero Pablo Hasél por el supuesto delito de injurias a la Corona. En realidad, a Hasél le han condenado por denunciar en sus canciones las andanzas de Juan Carlos de Borbón y tildar en una de sus estrofas de ladrones a los Borbones. Admito que no conozco nada más de Hasél. Pero no deja de parecerme otra injusticia judicial que afecta, además, a derechos democráticos y a libertades constitucionales fundamentales. Como el propio Hasél argumentó en su juicio –sin éxito–, sus canciones no dicen otra cosa que lo que han dicho y publicado la mayoría de los medios de comunicación del Estado y buena pare de la prensa internacional sobre el todavía rey emérito. Hechos investigados por la Justicia en España y en otros países europeos y por los que, por cierto, se marchó en agosto a los Emiratos Árabes, donde vive desde entonces alojado en un hotel de lujo a cargo del erario público. Si ya es democráticamente inaceptable que Hasél haya sido condenado a prisión por expresar sus opiniones sobre la actual situación de Juan Carlos de Borbón en la misma línea que muchos políticos, periodistas, historiadores, etcétera, más preocupante aún es que la Audiencia Nacional vuelva a actuar contra derechos y libertades. En una justicia garantista y democrática, son los tribunales superiores los encargados de velar por esos derechos fundamentales, pero en el Estado español se han convertido precisamente en los órganos más duros en su persecución penal. La llamada ley Mordaza, la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal y el endurecimiento del Código Penal son armas contra esos derechos y libertades. Y se aplican de forma desigual: se avalan mensajes y discursos xenófobos, golpistas o discriminatorios que azuzan el odio, pero se persigue la crítica a la Monarquía o a otras estructuras de poder. El actual Gobierno de Sánchez e Iglesias se comprometió a derogar la ley Mordaza y a revisar la utilización política e ideológica del Código Penal para perseguir ideas, críticas o disidencias que ha impulsado sucesivamente el PP desde tiempos de Aznar. No lo ha hecho aún. El Tribunal Europeo de Derechos de Humanos ha condenado en varias ocasiones a los tribunales españoles por vulnerar la libertad de expresión y ha puesto en evidencia lo que vienen denunciado especialistas en Derecho Constitucional, juristas, fiscales, abogados o periodistas y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional: una aplicación discrecional del Código Penal para limitar derechos civiles y políticos. Los depredadores de valores democráticos son muchos, no sólo dictadores y fanáticos, grupos terroristas o mafias organizadas. Al contrario, los más efectivos censores forman parte del poder político, económico, financiero, judicial, religioso... normalizado. También en las democracias. O más aún incluso.