firma el vicepresidente Remírez que el Gobierno trabaja para consensuar entre sus socios un nuevo decreto del euskera que no suponga “ni imposición ni tampoco retrocesos”. No queda claro qué trata de decir Remírez. Imposición excluyente ya la sigue habiendo contra el euskera. Y retrocesos en la normalización de esta lengua también. Supongo que será eso y no lo contrario. Porque la frase ya constata que esta lengua de Navarra sigue instalada en un trato de anormalidad por parte de las instituciones públicas. De hecho, la única normalidad real que vive el euskera en pleno siglo XXI sigue siendo su avance en positivo, por encima de las trabas políticas, económicas y administrativas, gracias al esfuerzo de miles de familias y profesionales por facilitar la convivencia de las dos lenguas de Navarra y ampliar la cualificación profesional de las nuevas generaciones en ambas asumiendo sin complejos también otras lenguas extranjeras como el francés, alemán, inglés o chino. Pero esa normalidad social no se corresponde ni con la normalidad política ni tampoco con la normalidad mínima exigible si tenemos en cuenta que el trato de la Administración foral al euskera dista mucho de asumir siquiera los postulados mínimos del Consejo de Europa o del artículo 3.3 de la Constitución, incumplido durante décadas en Navarra con políticas y medidas persecutorias contra el euskera. Siguen las trabas para abrir líneas del modelo D, se minimizan las ayudas a los medios de comunicación, se bloquea la apertura de circuitos bilingües en la Administración, se minoriza su presencia pública, se reducen muy por debajo de la demanda las plazas y centros en las escuelas infantiles, etcétera. Y pese a que el TSJN sentenció que no se puede discriminar al euskera en las oposiciones a la Función Pública respecto a esas otras lenguas extranjeras, se sigue excluyendo en la baremación al euskera frente al alemán, francés o inglés. Lenguas que no son cooficiales en el Estado ni propias de Navarra mantienen su valoración para esos mismos puestos mientras se excluye a las navarras y navarros vascoparlantes. Ni siquiera se han atendido los informes y recomendaciones de instituciones forales independientes como el consejo de Navarra y el Defensor del Pueblo para que la Administración foral garantice la valoración del euskera y deje de estar discriminada respecto a otras lenguas. Se lo recordó a Remírez Uxue Barkos. Son muchos los ejemplos de la escasa o nula sensibilidad de importantes sectores políticos y sindicales hacia el euskera, responsables en gran medida del cúmulo de bulos lanzados contra esta lengua a la opinión pública para enfrentar a unos navarros con otros, a unas zonas geográficas con otras. No hay imposición del euskera en la educación en la Ribera como sabe cualquier navarro o navarra que habite allí, ni en la Administración foral ni en otras administraciones públicas. Otras imposturas más. Hablar de imposición del euskera, de discriminación o de sectarismo es simplemente mentira. Lo que hay es discriminación del euskera, injusta e ilegal. En todo caso, el Gobierno de Chivite tiene una oportunidad para avanzar hacia un amplio consenso político y social con esta lengua navarra. Solucionar las discrepancias internas en este ámbito es una necesidad y una responsabilidad política. Y simple sentido común y honestidad democrática.