esde 2018, cada año la apertura de eso que se llama Año Judicial se convierte en un show político que oculta las graves carencias y déficits que atraviesa la justicia en el Estado español. Tanto en sus altos tribunales, con una progresiva politización de sus miembros que ha derivado en una creciente pérdida de imparcialidad, independencia y credibilidad social y la judicialización de la política como estrategia partidista, como en los tribunales ordinarios, donde la permanente falta de recursos humanos, tecnológicos y materiales conlleva una eternización de los procesos judiciales en perjuicio de las garantías procesales de los ciudadanos. Los barómetros sociológicos muestran ese declive situando a la justicia como el servicio público peor valorado, pero a esos altos magistrados empeñados en convertir en panfletos políticos sus fallos judiciales eso no parece importarles nada. Y todo se deteriora más con esa utilización política y partidista de los principales órganos de la administración de justicia. Lesmes lleva desde 2018 okupando el sillón de presidente del Consejo del Poder Judicial al igual que otros miembros de la veintena de magistrados que componen esta institución -por cierto, otra excepción en el entramado judicial de las principales democracias europeas-, aprovechándose de la negativa del PP a negociar la renovación de los jueces que han cumplido ya su mandato constitucional. Esto es, Lesmes y otros siguen en el cargo incumpliendo la Constitución, lo que habitualmente es una ilegalidad. Los mismos a los que se llena la boca con la palabra Constitución y enarbolan su supuesto constitucionalismo como patente de corso para justificar todo tipo de tropelías, suelen ser los que incumplen sistemáticamente esa misma Constitución en todos aquellos artículos cuyo contenido no les gusta o les viene mal cumplir. Lesmes sabe que el PP de Casado no quiere abordar la elección del Poder Judicial porque su situación de minoría en el actual Congreso, fruto de la legitimidad democrática de las urnas, le impedirá seguir controlando la mayoría en ese órgano y el control de los nombramientos en los altos tribunales, desde el Supremo al Constitucional y otros tribunales superiores autonómicos. Casado se resiste, aunque sea incumpliendo la Constitución, a perder esos espacios de poder judicial después de haber perdido el poder legislativo del Congreso y el ejecutivo del Gobierno. Le queda para resistir ese poder judicial y el poder mediático, donde cuenta con un panorama de medios muy mayoritariamente afín a sus intereses. Y con esos dos herramientas, despreciando del todo el principio democrático de la separación de poderes, se aferra a la estrategia de la desestabilización y la confrontación de la mano de la ultraderecha de Vox. El control de la justicia es también para el PP un escudo fiable ante los nubarrones judiciales de la corrupción y en especial del caso Kitchen, de espionaje y cloacas policiales. Los recursos de la Fiscalía y del ex ministro Jorge Fernández contra la decisión del juez García Castellón de cerrar la instrucción sin más imputados apuntan de nuevo a la responsabilidad en el espionaje a Bárcenas a la anterior cúpula del PP con Rajoy y Cospedal a la cabeza. En esa encrucijada temerosa, la democracia y los principios constitucionales de una justicia independiente, democrática y garantista ya si eso otro día.