una semana para el inicio de las Navidades, la sexta ola del coronavirus sigue desbocada en Navarra. Con unos 700 positivos por día esta semana, el ascenso sobre la anterior es ya del 33% y aumenta también el número de ingresos en hospitales y UCIs. Esa es la realidad de los datos, independientemente de que las consecuencias humanas no hayan alcanzado los niveles de mortalidad de hace un año, sobre todo entre las personas vacunadas y en los tramos de mayor edad. Y el mismo día que los asesores del Centro Europeo de Control de Enfermedades insisten en reclamar a las autoridades sanitarias y políticas de la UE medidas fuertes para limitar la interacción social, Navarra anuncia nuevas decisiones que en realidad no son decisiones. Se apunta a la necesidad de limitar las reuniones sociales navideñas, celebrar de forma estática los olentzeros y cabalgatas -no parece muy posible con decenas de miles de personas participantes-, y potenciar el consumo hostelero en exteriores, pero tan solo como recomendaciones. Decisión, ninguna que no sea trasladar la responsabilidad a la ciudadanía o a los ayuntamientos. Un posición que más parece un intento de escurrir el bulto, por mucho que eso que llaman ahora comunicación política lo presente como iniciativa, una filfa que mezcla propaganda y no información. La sexta ola está causando mucho más daño del previsto inicialmente tanto en contagios como en las consecuencias sanitarias para otras enfermedades -ya se están suspendiendo intervenciones quirúrgicas-, y a la capacidad de gestión y respuesta de la Atención Primaria por sobrecarga y falta de personal. En este contexto, la vacunación parece ser la única apuesta política y sanitaria de Navarra. Las vacunas -la ampliación a nuevos tramos de edad de la tercera dosis y la inclusión de los menores de 12 años-, son medidas más que necesarias, imprescindibles. No hay duda de la necesidad de vacunarse. Como no la hay de las medidas preventivas de mascarillas, distancias y ventilación. Pero no son suficientes. El cansancio social es un factor comprensible contra el que cada vez cuesta más enfrentarse con decisiones políticas impopulares, pero no puede ser un argumento admisible para eludir la responsabilidad en adoptar propuestas eficaces para frenar esta sexta ola. Una responsabilidad ciudadana de la que, por cierto, la sociedad navarra ya está dando sobradas muestras una vez más con, por ejemplo, la oleada de cancelaciones de las comidas y cenas habituales en las fechas anteriores a la Navidad y la concurrencia masiva a la vacunación. Por delante de los responsables políticos. La excusa que susurran Salud y el mismo Gobierno foral para justificar estas decisiones no decisiones es que la capacidad de pasos más contundentes depende del aval de la justicia. Si es así, habrá que preguntarse cómo se ha llegado a una situación en la que de golpe han desaparecido los poderes legislativo y ejecutivo de la democracia y ha quedado como único poder decisorio en asuntos tan graves como las medidas para frenar las consecuencias de una pandemia que está causando estragos, el poder judicial. Como mínimo ineficaz sanitariamente y absurdo democráticamente. O si ya la política ha impuesto la decisión de tirar la toalla y asumir la conviencia con el coronavirus con todas sus consecuencias, que se diga.