La decisión unilateral de Sánchez y del PSOE de dar un giro a la posición del Estado español en el conflicto del Sáhara Occidental y apoyar ahora el llamado plan de autonomía de Marruecos para consolidar su ocupación ilegal de los territorios saharauis, rompiendo un consenso político general de 40 años, es insostenible democráticamente e incomprensible políticamente.
Una nueva traición infame al pueblo saharaui, muchas de cuyas ciudadanas y ciudadanos tienen pasaporte español, al que Sánchez deja abandonado a cambio de que Marruecos renuncie a Ceuta y Melilla y de que vuelva a atajar los flujos migratorios desde sus costas. Es decir, la sumisión total de una democracia al chantaje de un régimen que ha hecho de la violencia y la violación sistemática de los derechos humanos de los saharauis y de su propio pueblo el eje fundamental de su poder. Una nueva traición que sumar a las muchas que España ha protagonizado en el Sáhara desde que Franco y Juan Carlos de Borbón decidieran vender el Sáhara Occidental a Marruecos incumpliendo sus obligaciones políticas y diplomáticas como Estado responsable de la descolonización de ese territorio.
A ambos cobardes y aprovechados les siguió luego Felipe González -el mismo que proclamó solemnemente que "España no será libre hasta que el Sáhara Occidental sea libre"-, y continuaron esa senda de pleitesía a los sátrapas alauitas primero Zapatero y ahora Sánchez, que también incumple su programa electoral. El PSOE, sin duda, es responsable político de lo que suceda a partir de ahora a los ciudadanos saharauis sometidos a la ocupación militar y policial y a una colonización ilegal.
Y Sánchez es también responsable ante la comunidad internacional de una decisión que vulnera de forma bochornosa el derecho y la legalidad internacionales y las sucesivas declaraciones de la ONU en defensa de los derechos democráticos del pueblo saharaui. Sánchez ha dado este paso atrás con la nocturnidad y alevosía propias de quien está perpetrando una fechoría política, aprovechando la cortina de humo de la guerra de Ucrania y de sus consecuencias económicas y sociales y cuando el Ejército Saharaui ha vuelto a las armas tras 30 años de alto el fuego ante los reiterados incumplimientos de Marruecos y la incapacidad de la ONU para hacer cumplir sus resoluciones en favor de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental. De espaldas al Congreso y a la opinión pública.
La República Árabe Saharaui Democrática cumplió el pasado febrero 46 años y la lucha continúa. La democracia ha sucumbido al incumplimiento de sus propias normas. El Sáhara es una presa anhelada en el concierto de los intereses económicos por su riqueza, fosfatos, bancos de pesca frente a Canarias y petróleo en la frontera con Argelia, principalmente. Todavía hoy, cerca de 200.000 personas siguen refugiadas en los campos de Argelia y en los territorios liberados y decenas de miles más perseguidas, encarceladas y sometidas a la violación sistemática de derechos humanos, especialmente las mujeres y los jóvenes en las zonas ocupadas.
En el ámbito de los derechos humanos, solidaridad, derecho internacional, crímenes de guerra, derechos democráticos y las libertades, también la UE y EEUU diferencian entre pueblos de primera y de segunda. Miserable e indigno, pero real y cierto.
