Ante los presupuestos de 2017

quedó atrás la aprobación de los presupuestos para este ejercicio, que muchas personas han calificado de transitorios. Bueno será que empecemos a pensar en los de 2017.

La Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para 2016 desde una perspectiva política permite concluir que las fuerzas del cambio y, en consecuencia, el Gobierno que sostienen, han superado satisfactoriamente el primer gran test de la solidez del acuerdo programático.

El análisis económico de esos presupuestos pone de manifiesto el estrechísimo margen de maniobra que existe para financiar satisfactoriamente los servicios que nuestra sociedad demanda, para redistribuir la riqueza, para impulsar la actividad económica. Tres son las principales tenazas que condicionan el logro de esos objetivos.

En primer lugar, la reforma del artículo 135 de la Constitución y su desarrollo normativo, muy especialmente, la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Estas restricciones no deben considerarse como algo inamovible; habrá que enfrentarlas desde la negociación o desde el pase foral, forma histórica de la insumisión.

En segundo lugar, la contrarreforma fiscal de UPN y PSN que ha mermado los ingresos de la Hacienda de Navarra. Se ha empezado a revertir esta situación con la reforma fiscal, pero habrá que seguir intensificando su carácter progresivo.

En tercer lugar, las secuelas de los gobiernos precedentes: deuda pública, peajes en la sombra y despilfarros diversos hipotecan nuestro futuro para muchos años. Una auditoría ciudadana ha de poner negro sobre blanco los componentes ilegales, ilegítimos, odiosos que permitan una revisión de esos compromisos.

Desde una perspectiva social pueden observarse avances relevantes, pero la mayoría de los movimientos sociales denuncian su insuficiencia. Es un terreno fructífero en el que combinar la acción de gobierno y la presión social.

Sin embargo, hay otras perspectivas aparentemente más formales que no se han abordado y que pienso son imprescindibles de cara a los presupuestos de 2017.

El continuismo en el proyecto de presupuesto para 2016 llegó a extremos increíbles. Podemos encontrar en el Departamento que dirige el señor Aranburu la partida: “Gastos de viaje de la señora consejera y gabinete”. Demasiadas partidas son idénticas a las de los presupuestos prorrogados. Demasiadas partidas presentan una denominación totalmente opaca. Es imprescindible que los presupuestos de 2017 se parezcan mucho más al acuerdo programático que a los Presupuestos de UPN-PSN. Para ello, y tomando como referencia la filosofía del presupuesto base cero, es preciso invertir esfuerzos desde ya en el diseño de los presupuestos de 2017; de lo contrario, la inercia volverá a imponer su ley y a última hora se empezarán a revisar las partidas de 2016 para componer apresuradamente el borrador presupuestario del ejercicio siguiente.

Otro de los aspectos que llama la atención es la repetición de partidas. Solo en el Departamento de Presidencia, por ejemplo, encontramos 12 partidas de gastos de “mobiliario”, 11 de “material de oficina” y otras tantas de “servicios de limpieza y aseo”, 10 de “locomoción y gastos de viaje” y de “prensa, revistas, libros y otras publicaciones”, “9 de”.... El problema no es tanto el fárrago que generan en los presupuestos, sino que detrás de cada una de esas partidas hay una unidad administrativa que las gestiona. ¿No será mucho más eficiente que una unidad en cada Departamento gestione una única partida para atender estos gastos? Afrontar la transversalidad de numerosas funciones, coordinadas además a nivel del conjunto del ejecutivo, es otro de los retos del Gobierno del cambio y no solo de cara a los presupuestos del 2017.

Las cuestiones planteadas son importantes en sí mismas, pero lo son mucho más si se pretende iniciar una dinámica de presupuestos participativos. El marasmo de partidas opacas y repetidas no es el mejor documento para incentivar el análisis de los presupuestos por parte de la sociedad. Por otro lado, un intenso proceso participativo requiere unos plazos más amplios que los que se derivan de una tramitación parlamentaria.

Por todo ello, pienso que hay tarea suficiente para que el gobierno del cambio inicie la elaboración de los presupuestos para 2017, tanto en la profundización de la reforma fiscal para incrementar el presupuesto de ingresos, como en la redefinición del de gastos.

Se pueden así afrontar dos de los retos que tiene pendientes este gobierno: la transversalidad y la participación, que, dicho sea de paso, ha enfocado satisfactoriamente en el proceso para la reorganización de la Administración Local en Navarra. Pero ese es otro tema.