se debate estos días en el Parlamento de Navarra la Ley de Reforma de la Administración Local de Navarra, conocida como Reforma del Mapa Local.

Una ley sobre la que en los últimos dos años, la Dirección General de Administración Local ha desarrollado un proceso “participativo” amplio sobre los contenidos del Proyecto de Ley. Un proceso participativo como los que viene realizando este Gobierno (abierto, con amplia participación de miembros electos en las Corporaciones Locales e incluso con la ciudadanía en multitud de reuniones y asambleas, pero en el que no otorga la representatividad que les corresponde a las organizaciones sindicales) y dando escaso valor a las propuestas de las personas trabajadoras afectadas y a las de su legitima representación, las organizaciones sindicales.

Durante este proceso de participación, se han realizado algunas reuniones con los sindicatos del sector para compartir reflexiones sobre lo que denominaron Mapa Local. Reuniones exigidas desde los diferentes sindicatos ante la exclusión del proceso y tras el cual las aportaciones que realizamos, apenas han sido tenidas en cuenta.

Y no se puede aprobar una Ley que afecta a centenares de personas sin tener en cuenta la opinión de estas sin condenarla al fracaso

Los sindicatos LAB, ELA, CCOO y UGT, hemos manifestado y lo seguimos haciendo, que cualquier reforma del mapa local, por afectar al empleo de las personas que vienen desarrollando su labor en los servicios públicos de las administraciones locales, debe atender las propuestas de estas y de la representación sindical porque en caso contrario, no será la Ley que necesitan las personas que trabajan en el sector y tampoco podrá ser la que necesita el conjunto de la ciudadanía por lo que tendremos que manifestarnos contra ella, como vamos a hacer los próximos 10 y 17 de enero ante el Parlamento de Navarra.

Para UGT, CCOO, ELA y LAB, la Ley de Reforma de la Administración Local de Navarra debe garantizar el mantenimiento y la estabilidad del empleo y la reorganización de los servicios tiene que tener como objetivo la mejora de la calidad de los servicios públicos sin que en ningún caso pueda servir para reducir puestos de trabajo.

De la misma manera, la Ley debe aportar garantías sobre el mantenimiento de los servicios públicos, sobre su prestación directa por las administraciones y sobre la reversión de los servicios privatizados.

Por último, debe posibilitar la creación de un Marco de Negociación Colectiva donde puedan negociarse las condiciones laborales de todo el personal del sector para garantizar unas condiciones mínimas dignas a todas las personas que trabajan en las Administraciones Locales.

Estos son los contenidos que los cuatro sindicatos hemos incorporado en nuestras propuestas a lo largo de este proceso y que consideramos imprescindible que incorpore la Ley antes de su aprobación, por lo reclamamos a los grupos parlamentarios que hagan suyas nuestras reivindicaciones y que exijan que esta ley ampare a las personas que trabajamos en el sector, porque esa será la mejor garantía de mejora de los servicios públicos que prestamos en las administraciones locales.

Firman este artículo: LAB: Iosu Urrutia Orella; CCOO: Cecilio Aperte Mínguez; ELA: Josetxo Mandado; UGT: Sergio Uría