Villarejo

08.02.2020 | 15:29

Gorra madrileña, barba recortada, gafas de pasta, portafolios de cuero negro contra su pecho y con unos andares ciertamente bastos es la imagen que todos tenemos en la retina sobre un señor que tiene a medio país, acojonado, agarrados de sus partes nobles, al conocer todo sobre su vida particular y profesional. Me refiero, cómo no, al inspector Villarejo al que hasta hace muy poco casi nadie conocía y ahora, por el contrario, es alguien cotidiano en nuestras vidas además de el demonio en persona que tiene de los nervios a todo pichichi de la villa y corte, particularmente, a todos aquellos elementos que conforman lo que popularmente conocemos como la élite.

No me dirán que más allá de las nauseas que nos produce saber, o mejor dicho comprobar, que el sistema,en su sentido más amplio, estaba bastante putrefacto, como decía, no me reconocerán que los mortales de a pie estamos disfrutando y queremos seguir disfrutando conociendo las intrigas palaciegas, los sobornos a chóferes y porteros y confiamos que, más pronto que tarde, salgan a relucir secretos de alcoba que tanto nos entretienen, sobretodo, si son ajenos.Conociendo la capacidad del inspector Villarejo y su amplitud de miras, no alcanzo a entender que nos quejemos de la escasa productividad del funcionariado dado que este elemento hacía todas sus tropelías en horario de trabajo pero lo que no llego a entender es cómo nuestras autoridades judiciales no recurrieron en su momento a este personaje para investigar el acuerdo bajo mesa que algunas empresas lácteas del estado habían alcanzado para pagar el menor precio al ganadero y así, mantenerlo asfixiado y bien amarradito a la pata de la vaca. ¡Sin moverse,coño!.

Durante un tiempo, bastantes empresas lácteas se reunían en la penumbra, allá donde no alcanzaban ni las grabadoras del propio Villarejo y tuvo que ser la documentación aportada por un más que oportuno ángel de la guarda, la que abrió las puertas de un tortuoso camino judicial que derivó allá por el 2015 en una propuesta de resolución que proponía una multa superior a los 88 millones de euros para unas cuantas empresas pero, casualmente, los demandados se dieron cuenta que, al parecer, existía algún defecto de forma al que alegar con el que se echó para atrás todo el proceso. Quizás, jugando a malpensados, debiéramos elucubrar que el juzgado no pero los demandados sí, recurrieron a los servicios del ínclito inspector y de ahí, el éxito de su artimaña.

Ahora bien, consolándonos que a los "malos" todo no les podía salir bien, resulta que ahora es la propia CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), esa Competencia a la yo tanto quiero, quien ha reabierto el caso y comunicado a las empresas afectadas que el caso sigue adelante y que se abre el pertinente plazo de alegaciones para que digan y/o aporten lo que estimen oportuno o, como dicen en las pelis americanas, por el contrario, callen para siempre. Uno, que de Villarejo no tiene más que los torpes andares, pero sabedor que los consumidores quieren cerciorarse de que su marca de leche no está en el ajo, ha podido saber que las empresas más importantes son, por cuantía de la multa, Danone (23,2 millones de euros), Capsa (21,8 millones), Lactalis Iberia (11,6 millones), Nestlé España (10,6 millones); Puleva Food (con 10,2 millones) y Calidad Pascual (8,5 millones). ¡Casi nada!

Aconsejo, no obstante, a los ganaderos que contraten al de la gorra o a fauna parecida para investigar quiénes son los cabezapensantes que han decidido bombardear a los consumidores con proclamas y apelaciones buenistas al bienestar animal mientras ocultan, dicho finamente, la falta de bienestar humano para esos ganaderos a los que, las empresas antes mencionadas, quieren amarrados a la vaca; que investiguen quiénes pretenden incidir en la ingenuidad de nuestros consumidores abordándoles con cuestiones como la recogida diaria de la leche mientras les ocultan que una leche de calidad conservada en los tanques de frío, que la totalidad de los ganaderos tienen en sus cuadras, no tiene sentido alguno y menos aún, si luego pretendemos defender la sostenibilidad de la cadena y para ello necesitamos ocultar, o cuando menos maquillar, los perjuicios medioambientales de tanto viaje de los camiones-cisterna utilizados para la recogida.

Igualmente, aunque no sea políticamente correcto, creo que el aplanado ministro del ramo debiera contratarle al productivo inspector para averiguar cómo en Francia son posible cosas que aquí no son posibles y metido en estos barros, me refiero tanto a acuerdos entre productores permitidos por la Competencia gala mientras la de aquí los impide y también, por qué no, me refiero a esos esperanzadores acuerdos que diferentes cadenas de distribución galas están alcanzando con empresas lácteas proveedoras para subir el precio de venta al público (PVP) a condición que dicha mejora se traslade, directa-pública y publicitadamente, a los ganaderos.

Respecto a esto, recientemente la organización agraria UPA ha denunciado el diferencial de precio de los ganaderos españoles tanto con respecto a la media europea (4,45 euros/kg) como a los franceses (5,42 euros/kg) y anunciado que si la industria no mejora los precios al ganadero, más pronto que tarde, se van a encontrar sin ganaderos y en ese momento, ya sea demasiado tarde para reaccionar.

Soy consciente que la problemática es muy compleja y que la culpa no es imputable a un único eslabón de la cadena. Ahora bien, tampoco hay que recurrir a Villarejo para caer en la cuenta que el sector lácteo requiere, si o sí, de más oxigeno para que la vida continúe en las explotaciones ganaderas.