La evolución política reciente y, particularmente, la campaña electoral que padecemos está cargada de interesantes elementos que con seguridad van a condicionar -o lastrar, según se mire- lo por venir. Para empezar, la irrupción de Vox ha tenido como efecto escorar hacia la derecha extrema tanto al PP como a Ciudadanos en una estrategia miope cuyo principal efecto es reducir el coste de votar a Vox. Vox amalgama todos los tópicos de la ultraderecha europea con los del fascismo hispano, pero tiene al menos una peculiaridad que lo diferencia de la extrema derecha tradicional, de aquí y de allá, y lo acerca al Tea Party y otros movimientos ultras de corte anglosajón: su liberalismo económico sin matices. La extrema derecha ha sido, al menos en Europa, fuertemente intervencionista, y ha basado en ello su atractivo para capas populares y, particularmente, clases medias temerosas de su suerte económica en entornos inciertos o turbulentos. Sin embargo, Vox promete cosas como reducciones drásticas de impuestos centradas en rentas y patrimonios altos, adelgazamiento del sector público, privatización de pensiones y abandono a su suerte de grupos sociales enteros. Seguro que Bannon tiene mucho que ver con la mano -y los fondos- que mece la cuna. Pero no son buenas credenciales para perdurar.

El PP y Ciudadanos, además de extremar su discurso nacionalista e intolerante, en un movimiento que recuerda a la fascistización de las derechas en la Europa de los años treinta, agudizan también su discurso económico neoliberal. Seguramente lo hagan porque en su debilidad, las direcciones de ambos partidos no tienen otra que echarse en brazos de pequeños pero influyentes grupos que hacen valer sus intereses y les marcan una agenda claramente antisocial. Por ello, creo que lo que realmente se va a sustanciar el 28-A -a pesar de estar ausente del debate- es el Estado del bienestar; o, mejor dicho, la agenda para su definitivo desmantelamiento, empezando, ya se ha anunciado, por las pensiones.

En Navarra esa amenaza es aún más evidente si cabe. Los nervios de Esparza le llevaron, con la idea de no fragmentar el voto de derecha, a constituir un batiburrillo, llamado Navarra Suma, cuya principal coincidencia es la defensa a ultranza de la unidad de España. Lo que se coaliga en Navarra Suma es el hambre con las ganas de comer: la sensación de caída libre de UPN, la necesidad de supervivencia política del PPN (sin representación en Pamplona y a punto de perderla en el Parlamento de Navarra, caso inédito), la urgencia de Ciudadanos por hacerse un hueco en tierra de misión. Así, el PP pasa por el trago de colocar personas en las listas sin más compromiso y UPN acuerda una coalición con Ciudadanos. Y aquí está la madre del cordero. A pesar de una retórica defensa del régimen foral, UPN da en ese acuerdo su aquiescencia, punto por punto, a la posición de Ciudadanos respecto al Convenio Económico. Dirán lo que quieran, pero en el acuerdo UPN-Ciudadanos no hay nada que contradiga, altere o menoscabe la pretensión de este último de suprimir el régimen foral, recogida en el punto 11 de su programa electoral. No es Ciudadanos quien incumple. Es UPN quien engaña a la sociedad navarra.

Así, a UPN se le cae la enésima careta. Tras años -los de las vacas gordas, no por casualidad- tejiendo laboriosamente una -bien pagada, por otra parte- imagen de buen gestor, la crisis puso al desnudo no solo su proverbial incapacidad para hacer frente a situaciones complicadas para gobernar, sino una montaña de despropósitos, derroches y agujeros financieros que se tardará en restañar. La apresurada coalición tejida por Esparza tira por tierra otro de los grandes mitos difundidos por UPN: su dedicación primordial a la defensa de los intereses de Navarra. En un partido cuyo leitmotiv fundacional fue el no -el no a una Constitución que ahora parece formar parte de su alma más profunda y el no a la capacidad de decidir de la sociedad navarra-, nunca ha sido muy creíble ese interesado mito. Su dejación, desidia o negligencia en la defensa de intereses centrales para Navarra frente al Estado en temas económicos, fiscales y competenciales así lo avala. Pero de ahí a aliarse con quien deja claro continuamente y en cualquier ocasión que aspira a suprimir, de iure o de facto, el régimen foral y la capacidad fiscal de Navarra hay un trecho, un salto cualitativo que quizá pueda explicarse por el pánico o la desesperación. Claro que también cabe la posibilidad de que Esparza no supiera qué estaba firmando y se la hayan colado. Pero no se me pasa por la cabeza tan peregrina hipótesis.

En Ciudadanos hace tiempo que no van por la supresión radical, porque saben que, entre otras cosas, requeriría modificar la Constitución. Rivera ha reconocido que no tienen respaldo. Así que la vía es doble: primero, acabar con los residuos de bilateralidad, haciendo que sea la Airef quien decida la aportación. Segundo, incrementar sustancialmente los pagos, incidiendo tanto en la aportación en sí como en los flujos por ajustes en impuestos indirectos. Lo cual, por cierto, dice poco de la pretendida independencia de la Airef, puesto que Rivera ya les ha dictado el resultado. En todo caso, es una postura que perjudica seriamente a Navarra y no beneficia a nadie. En román paladino, joder por joder.

El sistema actual ya es asimétrico y está descompensado en contra de Navarra. Si en tales circunstancias es costoso mantener un mínimo sistema de prestaciones sociales, cada euro en que aumente arbitrariamente la aportación es -como mínimo, porque es probable que haya efectos multiplicadores añadidos- un euro menos para salud, educación o política social. Es así de sencillo y así de tremendo. Nos enfrentamos, pues, a un escenario de progresivo estrangulamiento financiero de Navarra que podría hacer incluso más deseable el régimen común con su irresponsabilidad fiscal.

A ello hay que añadir las promesas electorales neoliberales de Navarra Suma en conjunto y de sus socios por separado (con la inestimable anuencia de Vox), centradas en reducciones drásticas de impuestos. La excusa macroeconómica es la dichosa curva de Laffer: que eso hará aumentar el ahorro y, por tanto, la inversión, la actividad económica y la recaudación. Algo que nunca ha ocurrido, una auténtica patraña que, además, podría tener reflejo en la regla de gasto e imponer un dogal añadido a las posibilidades financieras de Navarra. Obsérvese que una reducción de impuestos del Estado no tendría por qué afectar a la regla de gasto de las comunidades de régimen común. Si lo hace Navarra, sin embargo, se traduciría en una menor capacidad de gasto.

Por tanto, en las citas electorales de abril y mayo -en las dos, sin paliativos- se va a sustanciar el futuro del sistema de bienestar, pensiones incluidas, tal como lo conocemos. Podemos dejarnos seducir por el discurso vacío de la unidad de España; o por el señuelo de la menor factura fiscal. Pero la experiencia demuestra que eso sale enormemente caro a medio plazo. Y no solo para la sociedad en conjunto, también para las personas individualmente consideradas. Navarra Suma para restar Navarra.