Navarra Suma suele presentarse como una iniciativa de la derecha navarra para optimizar la traducción de votos en escaños. Un recurso en apariencia desesperado, fruto del pánico ante una previsible debacle que podría significar para Esparza llevar a su partido a una posición aún más desairada que la actual. De las incoherencias, contradicciones y amenazas para el régimen foral que esa amalgama ofrece se ha hablado mucho ya (y más que se hablará a cuenta de la gestión del resultado, sea cual sea). Aquí me interesa particularmente un aspecto de su programa, el que se refiere a las promesas fiscales.

No hay en ellas nada nuevo respecto de lo que solían ser las propuestas de UPN o lo que nos encontramos en una derecha (sea PP o Ciudadanos) que acentúa su discurso neoliberal en lo económico (y que se vuelve extremo -también esto- en Vox). Por supuesto, tras una promesa genérica de reducir impuestos a la “clase media y trabajadora” (de tanto sobar ese concepto ha terminado por perder cualquier contenido), se desgranan algunas medidas que se dirigen, prácticamente en su totalidad, a beneficiar a las rentas altas. Nada nuevo, como digo. La vieja cantinela de la derecha que, ciertamente, le sirve para captar un voto popular que luego utiliza para beneficiar a los suyos. Y eso -quiénes son los suyos- también lo tiene muy claro: esos ricos que, como dice el multimillonario Buffett, están ganando una guerra de clases que sí existe.

No voy a entrar aquí en para qué sirven los impuestos o sus bondades. Tampoco caeré en la trampa que tiende Esparza cuando dice que el actual Gobierno de Navarra ha castigado fiscalmente a los contribuyentes sin que a cambio hayan obtenido mejores servicios: esa confortable y falaz justificación de la negativa a pagar impuestos basándose en la baja calidad de los servicios públicos. Las consecuencias de la oleada neoliberal y de la última crisis han demostrado que es necesario músculo público para hacer frente a las acometidas de eso que llaman mercados (y que no son entes abstractos e impersonales, sino agentes perfectamente identificados e individualizados) y las crisis que genera su funcionamiento irrestricto, así como asegurar prestaciones sociales y servicios públicos que reduzcan desigualdades, lo que beneficia, entre otras cosas, a la sostenibilidad ambiental, la paridad de género y la propia eficiencia económica.

No se trata solo de oponer a una visión clasista y desmemoriada una argumentación -fácil de construir, por otra parte- sobre la utilidad de los impuestos y el (enorme) coste de oportunidad de reducirlos irresponsablemente. Tampoco se trata de tener impuestos por gusto: son una herramienta para conseguir unos objetivos y han de ser gestionados con rigor y austeridad. Pero basta con echar una ojeada al peso de los impuestos en sociedades avanzadas en cuanto a sus sistemas de bienestar y mecanismos de reducción de desigualdades y el contraste es evidente. Por ejemplo, mientras en España el peso de los ingresos fiscales (excluyendo cotizaciones sociales y otros ingresos) fue en 2017 del 13,8% del PIB, la media de la OCDE fue del 15,9%, la del área euro del 19%, del 20,4% la de la Unión Europea, y nada menos que del 33,3% en Dinamarca (la fuente es el Banco Mundial). Estos datos ya proporcionan indicios de que no hay margen para reducirlos sin menoscabar seriamente los cimientos sociales hasta niveles que serían socialmente inaceptables, y por tanto generadores de conflictos, inestabilidad y fragmentación.

Digo que no se trata solo de eso. Se trata también de la base teórica de esas promesas. O, por mejor decir, de la completa carencia de la misma. Navarra Suma promete bajar impuestos para cosas como “incentivar la actividad económica”, “incrementar la renta disponible de los contribuyentes” o “ser capaces de atraer actividad económica”. En una mirada superficial podría parecer razonable: la reducción de impuestos incrementa la renta disponible, aumenta el consumo, aumenta el ahorro, crece la inversión y ¡oh maravilla, quién lo iba a decir! de rebote se incrementa la recaudación. Suena bien. La pena es que es falso. Se trata de una versión simplona y sin matices de la tan manida curva de Laffer, que solo algunos iluminados y, al parecer, en Navarra Suma se creen. Versión que carece de cualquier evidencia empírica que la respalde y que ni siquiera las escuelas académicas más proclives a esos planteamientos suscriben.

Laffer establece en su curva una relación entre presión fiscal y recaudación. A partir de un cierto nivel impositivo, incrementos adicionales de impuestos darían lugar a una reducción de la recaudación. Por tanto, cabría deducir, una reducción de impuestos produciría un aumento de la recaudación.

El planteamiento general es inobjetable. No parece aventurado suponer que con tipos marginales suficientemente elevados -confiscatorios- una reducción de los mismos generaría fácilmente una mayor recaudación. Pero la evidencia acumulada sugiere que estamos muy lejos de ese punto, por lo que concluir que una reducción de impuestos se financiaría por sí misma es temerario y, en la medida en que constituye una promesa electoral, irresponsable. Al menos para lograr los objetivos que se pretenden. Otra cosa es que exista una agenda oculta y los verdaderos propósitos sean otros. Pero eso no se va a reconocer. Añádase que, en el caso del IRPF, su reducción solo reactivaría el consumo en una pequeña fracción y no necesariamente en bienes y servicios producidos en Navarra.

Por tanto, ni reactivación económica ni mejora de servicios públicos. Ni siquiera aumento de la renta disponible de las familias. Podría darse tal aumento en la renta disponible en términos monetarios de los grupos sociales favorecidos con la rebaja de impuestos, que no van a ser los de menor nivel de renta. Pero no debe olvidarse que parte de la renta disponible es indirecta y se obtiene a través de servicios y prestaciones públicas en especie, hasta conformar lo que la OCDE denomina “renta extendida” (extended income). Constituye un elemento más en la reducción de desigualdades y podría verse comprometida si las rebajas fiscales anunciadas se traducen en menores ingresos públicos y, por tanto, en menores o peores servicios y prestaciones sociales.

La conclusión parece obvia: Navarra Suma pretende dar gato por liebre a buena parte de la ciudadanía para beneficiar a las rentas más altas, que se comerán la liebre y lo que les pongan por delante. Al fin y al cabo, podrán pagarlo a costa del común. Y es que, como dice Krugman, “en materia de impuestos e ingresos públicos, arriba es arriba y abajo es abajo”.