Democracia, por favor

Parecen olvidarse las especiales circunstancias que concurrían en el momento de la elaboración de la Constitución, con la dictadura y todas sus estructuras a la vuelta de la esquina y el temor a la reacción de las mismas, con el Rey a la cabeza como heredero instituido por Franco y el franquismo.

Fue la urgencia por la recuperación de las libertades más esenciales la que hizo buena la llamada transición e incluso alguna importante novedad como la configuración del Estado Autonómico y el reconocimiento de las nacionalidades que, aunque no precisado su significado, daba un cierto juego a las reivindicaciones más duramente perseguidas en la dictadura de los nacionalismos vasco y catalán fundamentalmente.

Tan endeble era el panorama que, tres años después, tuvo lugar un golpe de Estado promovido, entre otros, por el que había sido preceptor del Rey (a saber cómo le formó políticamente). El golpe fracasó en lo militar, quizás más debido a lo estrambótico de la figura de Tejero que a otras causas. Pero considero que triunfó en lo político porque, a raíz de él, vinieron la legislación centralizadora y antiautonómica (la LOAPA y posterior LPA son un buen ejemplo) y una restrictiva interpretación de la Autonomía por el Tribunal Constitucional que se tradujo en una importante rebaja de las expectativas del Estado Autonómico y un regreso a la promoción de un patriotismo de unidad nacional como en tiempos pasados.

Más recientemente venimos asistiendo a una confrontación dialéctica y política entre constitucionalismo y nacionalismo radicalmente falsa. Lo que en realidad confrontan son dos nacionalismos, el español y el vasco y/o catalán. Confrontación que se resuelve de manera radical a favor del primero, a cuyo servicio se ponen todos los instrumentos del Estado, desde el ejecutivo pasando por el legislativo y el judicial.

Es evidente que hubiera podido darse un papel más neutral del Tribunal Constitucional, pero se eligió una forma de configurarlo que ha derivado en ser juez y parte de los poderes que lo eligen. Porque el desarrollo de aspectos cruciales de la Constitución se ha hecho a golpe de sus sentencias, que nunca han tenido en cuenta que el concepto de nacionalidad comporta algo más que una mera configuración de ordenación territorial del Estado y distribución de competencias.

El llamado constitucionalismo que sustentan los partidos de ámbito estatal consiste en una renovación del nacionalismo español y la sacralización de la unidad del Estado. Llamemos a las cosas por su nombre. Porque el concepto de constitucionalismo como defensa de la ley y de los derechos fundamentales lo suscribimos todos los que defendemos la democracia, antes y ahora. Incluidos los promotores de algo tan natural como un referéndum en Cataluña para que sean los ciudadanos los que elijan el alcance de su relación con el Estado español.

Porque si en una democracia alguien pretende evitar pronunciamientos comprometidos por los que han ganado las elecciones que configuran sus instituciones, lo que se está cargando es la propia democracia. Quizá los que han hecho del incumplimiento de las promesas electorales un hábito de comportamiento político lo vean natural. Pero evitar a los ciudadanos es, sencillamente, antidemocrático.

Y ya no valen bravatas del pasado o amenazas de no se sabe qué perjuicios a una sociedad madura e informada. Porque hoy en día el referéndum debería ser un instrumento habitual para afrontar y resolver debates y temas políticos y aún sectoriales de envergadura. ¿Cuántos líderes políticos catalanes habría que encarcelar para ocultar a un pueblo que fue capaz de la mayor cadena humana de la historia para demostrar que quería cambiar su estatus actual?

Muy probablemente la sociedad catalana siga siéndolo y, desde luego, es una miope e irresponsable actitud afirmar que lo de Cataluña es un problema de convivencia en vez de un problema político actualmente mal resuelto que hunde sus raíces en la historia. Remota y reciente.

Resolvamos las reivindicaciones nacionales pendientes con democracia, por favor.