Desde la Administración pública más cercana al ciudadano, desde ámbito local, se promueven actividades y prestan servicios públicos que contribuyen a satisfacer las necesidades y aspiraciones de los vecinos y vecinas. Sobra decir que para ello es necesario tener un presupuesto suficiente, el cual se nutre de los impuestos que se recaudan, entre otros, a las empresas suministradoras (electricidad, agua, gas?).
Las empresas suministradoras utilizan espacios públicos para realizar los suministros a sus clientes. Conducciones subterráneas o líneas aéreas discurren por zonas de dominio público que son aprovechadas por estas compañías privadas, por lo que, de acuerdo a la normativa correspondiente, deben abonar una tasa al Ayuntamiento propietario del terreno. Esta tasa, que deben abonar al Ayuntamiento, corresponde al 1,5% de la facturación bruta obtenida por las diferentes compañías suministradoras en el término municipal.
Si existe fraude en la declaración, ese dinero, en lugar de destinarse a satisfacer las necesidades de los vecinos y vecinas, termina engordando los dividendos de grandes multinacionales. Así de simple y así de injusto.
Y es que la injusticia fiscal no recae sólo en unas políticas que establecen tipos de gravámenes que no ayudan a mitigar la desigualdad social, como cuando se propone subir el IVA, que lo paga en la misma proporción la familia Botín que una familia que subsiste de la pensión del abuelo. Esa injusticia no sólo se basa, por tanto, en que no se aplican políticas fiscales que hagan que pague más quien más tiene para corregir las desigualdades sociales. También hay que poner el foco en la aplicación de los impuestos.
Al mismo tiempo que los trabajadores asalariados declaramos sin margen de error hasta el último céntimo de nuestras rentas, no ocurre lo mismo, por ejemplo, con el Impuesto sobre Sociedades. Según datos publicados por el sindicato ELA, el 70,5% de las empresas en Navarra declaran que están en pérdidas o que no tienen beneficios. Ya, claro.
Pues algo parecido ocurre con la referida tasa del 1,5%. Son las propias empresas suministradoras quienes comunican a los ayuntamientos los datos de la facturación bruta obtenida para aplicar esa tasa, pero resulta que, tras realizar una inspección fiscal con la ayuda de Tracasa (empresa pública del Gobierno de Navarra), la mayoría de éstas declaraban importes muy inferiores a los reales. ¡Qué sorpresa!
Casi todas las empresas suministradoras que operan en nuestro municipio declararon cifras inferiores a las reales, si bien todo hay que decirlo: no todos los casos han sido iguales. En unos casos la diferencia ha sido casi insignificante (aunque siempre a su favor), pero es que en otros casos las cifras son obscenas.
En el caso de Leitza, una de estas empresas inspeccionadas dejó de pagar al Ayuntamiento en el plazo de 4 años (los plazos de prescripción impiden reclamar periodos anteriores) más de 108.000 euros. Un dato sangrante, teniendo en cuenta que nuestro Ayuntamiento tiene un presupuesto anual que ronda los dos millones y medio de euros. ¡La de necesidades que se pueden cubrir con ese dineral!
Evidentemente, ante esta situación, y en defensa del interés público, el Ayuntamiento de Leitza ha iniciado sendos expedientes sancionadores por infracciones tributarias graves contra todas las empresas suministradoras que declararon menos de lo que debían.
Sin embargo, si me he decidido a publicar estas líneas ha sido impulsado por la convicción de que no creo que Leitza sea una excepción a la regla en la práctica fraudulenta de estas empresas suministradoras, y algo parecido ocurrirá en los demás municipios. Que casi todas las empresas inspeccionadas hayan declarado menos beneficios en Leitza, parece indicar que ésta es una práctica generalizada.
Lo suyo sería que se legislara de forma que se establezcan mecanismos de control que impidan actuaciones fraudulentas, al parecer, generalizadas. Sin embargo, mientras tanto, es importante saber que los ayuntamientos contamos con herramientas para revisar estas declaraciones, como por ejemplo lo es Tracasa.
Para terminar, que sepan estas empresas, de paso, que en Leitza no permitiremos que nos sigan defraudando y que no permitiremos que el dinero que debe ser destinado a cubrir las necesidades de nuestros vecinos y vecinas vaya a parar a los consejos de administración de grandes multinacionales, al reparto de dividendos, a cuentas en paraísos fiscales, o vaya usted a saber dónde.
El autor es alcalde de Leitza
