sobran razones para la declaración de emergencia climática: aumento de temperaturas, subida del nivel del mar, récord de concentración de CO2 en la atmósfera, más fenómenos meteorológicos extremos como tormentas e inundaciones, más sequías e incendios... Los escenarios para el futuro son todavía peores, sabemos que temas como la subida del nivel del mar se aceleran siendo ya imparables. Además, es probable que las tendencias para el futuro no sean lineales, sino que se produzcan escenarios disruptivos y en ocasiones de colapso como está pasando con el declive de la biodiversidad.
Concretamente, los informes sobre el estado de la biodiversidad de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES en inglés) y el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPPC) nos indican el peligro real sobre los ecosistemas, con la pérdida significativa de miles de especies y el aumento del calentamiento global de 1,5ºC. Estas organizaciones científicas alertan del rumbo de colisión a la catástrofe que llevará a la extinción de una gran parte de los ecosistemas terrestres. El peso de las evidencias científicas debe ser reconocido de manera pública, acompañado de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs), así como políticas de adaptación al cambio climático si queremos la existencia de un futuro sostenible para la ciudadanía y el medio ambiente.
Llegados a este punto, ya no se trata de decir lo que hay que hacer en 2050, sino en 2020: la ciudadanía exige más concreción. Este hecho es similar a lo que ha pasado durante los últimos decenios de política contra el cambio climático. Grandes declaraciones, pero todavía, una falta total de voluntad política para afrontar este grave riesgo con medidas concretas y rigurosas. No se trata solo declarar la emergencia climática y seguir al día siguiente como si nada. Se trata de explicar a la ciudadanía que estamos en crisis climática, pero, sobre todo, llegar a compromisos reales y vinculantes para solucionarla.
En el último año se vienen sucediendo las declaraciones de emergencia climática a diferentes niveles de distintas instituciones. Países como Canadá, Francia o Irlanda ya han implementado declaraciones de este tipo y el Parlamento Europeo hizo lo propio en noviembre de 2019. En el Estado español lo han hecho Cataluña y Euskadi, así como diversos ayuntamientos, el último de ellos, el de Barcelona.
Ahora, el martes 21 de enero, ha sido el Gobierno español quien ha aprobado una declaración de emergencia en que se definen 30 líneas de intervención transversal que comprometen a todos los ministerios, con el anuncio de que cinco de ellas se pondrán en práctica en los primeros 100 días de su mandato. La más relevante será el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, que permita lograr la descarbonización en 2050, sobre la base de un sistema energético cien por cien renovable, un parque de turismos y vehículos comerciales no contaminantes y un sistema agrario neutro en CO2.
En el caso de Navarra, esta es la aprobación de la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética, contemplada en el acuerdo programático del Gobierno de Navarra, con la que se pretende contribuir a que se reduzca tanto las emisiones como la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, y de esa forma favorecer la transición hacia un modelo neutro en emisiones de gases de invernadero.
También conviene destacar, el Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía de Navarra, y al que se han adherido 73 ayuntamientos, más del 69,4% de la población navarra, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El compromiso municipal por el clima y la energía consiste, en primer lugar, en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el municipio en un 40% de aquí a 2030, en particular a través de la mejora de la eficiencia energética y un mayor uso de fuentes de energía renovables. En segundo lugar, el objetivo es aumentar la resiliencia de los entes locales mediante la adaptación a los efectos del cambio climático.
Por otra parte, Navarra ha sido pionera en Europa iniciando su adaptación al cambio climático. En 2017 se convirtió en la primera región europea en poner en marcha un proyecto integrado de adaptación a través del proyecto Life-Nadapta aprobado por la Comisión Europea. Con una inversión de 15,6 millones hasta 2025, esta iniciativa se concreta en 53 medidas para desarrollar en seis áreas estratégicas diferentes: agua, bosques, agricultura y ganadería, salud, infraestructuras, y ordenación del territorio y monitorización.
Sin duda, frente a la crisis climática cada vez más agudizada, las declaraciones de emergencia climática, leyes como la de cambio climático u otras iniciativas, son absolutamente necesarias. Pero, ¿quiénes están implicados para actuar? Sin duda, por una parte, las propias instituciones, en nuestro caso, las de Navarra, que deben adoptar medidas urgentes de lucha contra el cambio climático, algunas de ellas, ya se han citado anteriormente. Por otra parte, la propia ciudadanía, que parte de ella considera que no va con ella y que deben ser las instituciones y sus gobiernos quienes solucionen la crisis climática, y además con el menor impacto posible para sus vidas. Pero no es así. Todas y todos debemos cambiar nuestros hábitos de consumo y poner nuestro grano de arena.
Y, por supuesto, también, las empresas que tienen una buena cuota de responsabilidad: Energéticas, tecnológicas, logísticas, constructoras, industrias, sector del transporte, agroalimentarias? Todos los sectores empresariales deben invertir en una transición ecológica que les permita seguir desarrollando sus actividades con el mínimo impacto ambiental. Tienen que aceptar que es imposible el crecimiento económico infinito cuando los recursos del planeta son finitos.
El autor es experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente
