Confinamiento y hacinamiento en Pamplona

24.04.2020 | 01:15

Nasly tiene 32 años, procede de Colombia, tiene 2 hijas de 6 y 12 años. Viven en una habitación de menos de 8 m2 en la Rochapea junto con Andrea, también colombiana, y sus criaturas de 3, 5 y 7 años. Por esa habitación Nasly paga 350 € al mes. La habitación es tan pequeña que sólo cabe una cama de matrimonio, ni siquiera da para poner otro colchón en el suelo. En esa cama duermen las 7. En esa cama tratan de hacer las tareas escolares y en ese espacio minúsculo tratan de llevar una vida digna estas mujeres luchadoras. Nasly acogió a Andrea solidariamente por no dejarla en la calle con sus pequeñas.

El Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra están dejando en la estacada a las personas más vulnerables de nuestra comunidad. La sociedad navarra es diversa y multicultural y, por desgracia, también con una diferencia de ingresos económicos considerable. Las medidas de confinamiento que se han tomado, tanto en el ámbito estatal como en el local, no tienen en cuenta estas diferencias ni las situaciones a las que se enfrentan muchas familias en exclusión.

Tracy, de Nigeria, vive con su hija de 18 meses en una habitación en San Jorge. Con la cama, la silleta y un armario apenas tienen espacio para moverse. Paga 280€ al mes y ni siquiera tiene derecho a uso del salón. Es víctima de violencia de género y llegó a Pamplona alejándose de su exmarido, un maltratador español. Recibe la Renta Garantizada, pero busca empleo y una vivienda digna desde hace tiempo. "Me siento como en una cárcel", nos dice.

Como Nasly, Andrea y Tracy hay cientos de familias en Pamplona, muchas monomarentales y con criaturas a su cargo, que malviven en situación de hacinamiento en pequeñas habitaciones, con sus derechos humanos básicos vulnerados: derecho a una vivienda digna, a la educación y de la infancia. El Ayuntamiento de Pamplona posee más de 100 viviendas vacías en zonas como el Mercado del II Ensanche, la antigua Estación de Autobuses, el Grupo San Pedro en la Rochapea o el paseo de Sarasate. También el Gobierno de Navarra dispone de más de 150 viviendas de camineros distribuidas por la geografía navarra. El nuevo Departamento de Políticas Migratorias y Justicia tampoco parece que dé solución a esta situación por contar con recursos insuficientes para abordar de forma correcta e integral estas situaciones de vulnerabilidad extrema y exclusión residencial, al tener Navarra un raquítico parque público de vivienda de alquiler social. Probablemente, Ayuntamiento y Gobierno nos respondan que dichas viviendas están pendientes de reformas y no cumplen las condiciones adecuadas. Señores/as de las instituciones, ¿acaso estos miserables pisos patera de alto coste las cumplen? Urge adoptar medidas ya para esta situación de emergencia de vivienda que, si en condiciones normales ya es intolerable en una sociedad supuestamente desarrollada, en esta situación de confinamiento es totalmente inadmisible.

Isabel vive en una habitación en la Rochapea con su hija de 17 años, sin ingresos ni alimentos, le niegan la ayuda de emergencia por no llevar 1 año empadronada en Navarra. Tampoco a Andrea, con 3 menores, porque sólo lleva desde enero; ni a Paola, durmiendo en un sofá y sin ayuda ni para alimentos; ni a S., con 3 criaturas, encerradas en una habitación con miedo a salir por el maltrato por parte del propietario: "Mis hijos lloran y yo lloro por ellos mirando al techo sin poder hacer nada por ayudarles", cuenta.

Las Unidades de Barrio y las trabajadoras sociales no les pueden ayudar porque les dicen que no hay recursos en su situación. Evidentemente, no es sólo un problema de migración, sino que es una cuestión del Departamento de Vivienda, de Salud, de Educación, de Igualdad y de Derechos Sociales, especialmente de la infancia, y como tal hay que tratarlo. El Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz, ha solicitado información al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona-Iruña para valorar esta situación. Demandamos la creación de una mesa trabajo y coordinación ante esta emergencia entre Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona-Iruña, y todos sus departamentos internos, para dar una respuesta integral a esta situación de forma inmediata.

En representación de Iruñea Ciudad de Acogida y Plataforma de Afectados por la Hipoteca Casco Viejo