a Asociación Navarra de Víctimas de Abusos de la Iglesia esperábamos con gran expectación la nueva Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia. Desde nuestros abusos han transcurrido entre 40 y 70 años, estábamos entre la infancia y la adolescencia, ahora estamos entre la madurez y la vejez. Algunos ya murieron.

La nueva ley, conocida como Ley Rhodes por la relevancia del famoso pianista James Rodhes, nos ha producido la misma sensación que expresaba el músico: "Ya es tarde para mí, pero para otros niños no". Para nosotros es mucho más tarde, tanto que no nos afecta. La aplaudimos pero la criticamos.

El primer objetivo de nuestra asociación ha sido siempre la lucha contra la pederastia. Para ello hemos dado durante un año, febrero de 2019 a marzo de 2020, testimonio de los abusos que sufrimos.

La pandemia covid ha superado cualquier noticia de prensa y cualquier iniciativa política destinada a luchar contra esta lacra.

Recibimos con esperanza la nueva ley, sin embargo, más adelante explicaremos por qué nos sentimos por otra parte decepcionados. Hemos denunciado a las personas que nos los infligieron, los colegios, parroquias y otras organizaciones ligadas a la Iglesia que les acogieron y ocultaron.

Algunos medios de comunicación de Navarra y nacionales nos ayudaron a la difusión de las denuncias. Se lo agradecemos.

Conseguimos acceder al Parlamento de Navarra con el pleno apoyo de todos los partidos. El Gobierno, a través del consejero de Relaciones Ciudadanas nos apoyó públicamente. Intermedió con el Arzobispado de Pamplona para que pudiéramos manifestar nuestro sufrimiento.

Hemos llegado a trasmitir nuestra experiencia al Congreso, y podemos decir que toda nuestra actividad ha tenido eco en los poderes civiles legislativos. Sin embargo, la Iglesia sigue sorda, insensible a nuestra denuncia. Las reuniones con el señor arzobispo, Francisco Pérez, han sido decepcionantes en algún caso. En otros absolutamente indignantes.

La manifestación de buenas intenciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra del Opus Dei no nos engañó. Afirmó con enorme energía que meterían el bisturí hasta donde hiciera falta, y lo hizo hasta donde le convenía. Lo que vino a decir es que "a partir de ahora".

De paso nos acusó de un silencio responsable a nosotros y nuestras familias por no haberlo denunciado en su momento. Todos sabíamos que debíamos callar. El poder eclesiástico era inmenso y completamente ligado al civil franquista.

Puso en marcha el ventilador manifestando que en toda la sociedad se producían casos de abusos a menores. Extender el problema y evitar su responsabilidad siempre ha sido una eficaz estrategia. La paja en ojo ajeno oculta la viga en el propio. En vez de poner en práctica lo que predican en la confesión de los pecados llama a los demás pecadores.

No siente la contrición por los pecados denunciados. No los califica de delitos. No practica la "confesión de boca" que se llamaba cuando estudiábamos el catecismo, ahora se llama oral. Su propósito de la enmienda tiene fecha de caducidad para nuestros casos y atrasa la puesta en marcha para los futuros acosos pederastas.

Amarilleará la Carta Apostólica motu proprio del papa Francisco. Será silenciada por la Congregación para la Doctrina de la Fe.

La Conferencia Episcopal Española se esconderá tras el Concordato firmado por Franco en agradecimiento al apoyo eclesial al golpe de estado. Ha sido ratificado por todos los gobiernos posteriores.

Las diócesis se declaran no competentes para investigar a los centros educativos religiosos. Ni siquiera a los de su directa responsabilidad diocesana.

Cierran sus archivos y declaran que los sacerdotes trasladados por denuncias de pederastia no han sido apartados ni investigados por esa causa. Ellos no sabían, declaran. Nosotros, y muchos, sí.

Por último, crean comisiones para apoyar y ayudar a los afectados. Aquí, en Navarra, Cáritas ha puesto la cara para quitarle a monseñor Pérez la vergüenza. No han podido elegir más prestigiosa entidad. Lo que Cáritas debería pensar es porqué se deja implicar en tan espinoso asunto.

En declaraciones de su secretaria, Maite Quintana, podíamos leer: "Para nosotros los delitos prescriben, pero las víctimas no". En nuestro caso prescriben los delitos y las víctimas. Nos reunimos en febrero y se comprometieron a informarnos de lo que convinimos. Hasta hoy. No se han puesto en contacto con nosotros para nada.

Vamos ahora con la Ley Rhodes. Al igual que opina el pianista James Rhodes, es tarde para nosotros. No es tarde porque esperáramos la persecución judicial de nuestros abusadores, casi todos están muertos. Los delitos estaban prescritos.

Aunque se haya prolongado la prescripción a través de alargar hasta los 30 años de la víctima el tiempo para denunciar, el comienzo del plazo no nos sirve.

Todos los miembros de nuestra asociación ya estamos fuera de esa posibilidad, no podemos denunciar, estamos por encima de la cincuentena. El tiempo transcurrido ha liberado a nuestros abusadores y quienes les protegieron, la Iglesia en nuestro caso.

Esa cantidad de años que les han eximido de responsabilidades, a nosotros nos ha supuesto de sufrimiento.

Ahora entendemos las palabras del máximo representante de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Blázquez. Cuando hablaba de tolerancia cero se refería a de ahí en adelante. Se negaba a la revisión de sus delitos. No quería que les pasara como a sus colegas norteamericanos, irlandeses, australianos, etcétera. Sus diócesis están arruinadas como sus almas, se han tenido que enfrentar a indemnizaciones enormes.

Que les afecte al prestigio es solucionable, tienen muchos medios de comunicación para defenderles. Otra cosa es que les afecte al bolsillo, a sus abundantes fondos económicos, ahí defienden hasta la bolsa de Judas.

Señores del Gobierno, les agradecemos que esta nueva ley intente reducir o evitar de aquí en adelante la pederastia. Sin embargo, no han considerado una forma de reparación que se llama justicia restaurativa. Aquí tienen su definición: "Cualquier proceso en que las partes afectadas (ofensor, víctima y miembros de la comunidad) participan en conjunto y activamente en la resolución de los asuntos derivados del delito, generalmente con la ayuda de un facilitador".

La justicia restaurativa, también llamada justicia reparadora o justicia compasiva, es una forma de pensar la justicia. Pone el foco de atención en las necesidades de las víctimas y los autores o responsables del delito, y no en el castigo a estos últimos ni el cumplimiento de principios legales abstractos.

La junta restaurativa es el mecanismo mediante el cual la víctima u ofendido, el imputado y, en su caso, la comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia con el objeto de lograr un acuerdo que atienda las necesidades y responsabilidades...

Señores del Gobierno, ¿les ha pasado como a monseñor Blázquez? Les asusta el viejo pero real aforismo español que dice: "Con la Iglesia hemos topado". Pues sepan que nosotros topamos desde hace más de un año y lo seguiremos haciendo.

Esperar no es rendirse.