n la sesión de la Comisión de Salud del Parlamento de Navarra celebrada el 3 de junio, en la cual se aprobó la moción para extender la carrera profesional a TCAE y a técnicos sanitarios, la representante de Navarra Suma, Cristina Ibarrola, en su intervención explicó su apoyo a dicha moción planteándolo en cierta medida como una contrapartida al acuerdo de Fondos Adicionales de 2018, acuerdo que calificó de manera contundente como injusto. Como representante de uno de los sindicatos firmantes del mismo, me veo en la necesidad de contestar a sus afirmaciones.
Es evidente que el partido al que pertenece Ibarrola está a favor de la carrera profesional, ya que las existentes hasta la fecha se aprobaron durante gobiernos de UPN, y la reciente extensión a otros colectivos sanitarios se lleva a cabo también con su voto favorable. Cuestión aparte es si considera que todo el personal tiene ese derecho, o al menos los hechos no lo corroboran así.
Tampoco hace falta ser un lince para ver que todo el personal del SNS-O no está en igualdad de condiciones en cuanto que hay unos colectivos que desde hace años tienen acceso a la carrera profesional mientras otros siguen sin tenerlo. En consecuencia, actualmente hay unos profesionales, facultativos y diplomados sanitarios que en conjunto reciben por la carrera profesional una cantidad anual cercana a los 15 millones de euros que el resto no perciben. Voy a enumerar varias medidas que suman un coste parecido, 14.330.671 €, recogidas en el "injusto" acuerdo de fondos adicionales (cuyo montante total no llega a los 18 millones en cuatro años). Por un lado, la reconversión de auxiliares administrativos a administrativos por tratarse de dos nombramientos diferentes con idénticas funciones pero con distintas retribuciones; por cierto, situación injusta también a criterio del Defensor del Pueblo. Por otro, la homologación de los complementos por trabajo a turnos, nocturnidad y festivos respecto a los que percibe el nivel A debido a que la penosidad por estos conceptos, siendo la misma para todos, no se compensa igual; esta homologación es para la totalidad de la plantilla, aunque el colectivo más beneficiado por estas medidas es el de TCAE por ser el segundo más numeroso y porque el de Enfermería -a excepción de la turnicidad- tiene ya los mismos que el nivel A. Otra es la equiparación a las jefaturas del complemento de puesto directivo a las percibidas por el nivel A por tener las mismas responsabilidades con independencia del nivel de encuadramiento. Y otras dos son el incremento para todo el personal del premio de antigüedad y de la ayuda familiar, tomando como referencia al nivel D y, como consecuencia, de la desaparición del grupo E.
¿De verdad que estas medidas son menos justas que la carrera profesional, o quizás solo se hace justicia cuando se incluye expresamente al personal que la señora Ibarrola propone?
Coincido en que el personal del nivel A tiene derecho a recuperar el porcentaje de sueldo que se les redujo por el recorte de 2010, y también en la necesidad de modificar el actual complemento de riesgo que ya solicitamos en la negociación de los fondos pero que no tuvo cabida por la limitación de los mismos, pero en todo caso no deja de ser llamativo que la representante de Navarra Suma sólo se centre en una desventaja como si en lo demás todo el personal partiera de las mismas condiciones, y, paradójicamente, sea la misma persona que se permite discriminar con su voto a la hora de extender la carrera profesional a una parte del personal. Es decir, al parecer los fondos adicionales hay que repartirlos "a escote", eso sí, pero el acceso a la carrera profesional no. Buen sentido de la justicia, sí señora. Pero lo más sorprendente es que eleve ese discurso como si su partido jamás hubiera gobernado, cuando lo cierto es que lo ha hecho durante más de veinte años. Lo diré bien claro: el acuerdo de fondos adicionales ha venido a corregir muchas de las injusticias que los gobiernos de UPN no han solventado durante tantos años al frente de la gestión pública.
Otra medida que criticó Ibarrola fue la desaparición del nivel E y el consiguiente reencuadramiento de ese personal en el D. Lo primero, decir que no es cierto que el personal TCAE haya quedado "exactamente en las mismas condiciones que personal que antes estaban en el nivel E" como aseguró, ya que la reclasificación se hizo poniendo el salario base del nivel D, sí, pero bajando el complemento específico, por lo que quienes estaban en el E siguen cobrando menos. También hay que decir que mientras no se cambie el Estatuto de la Función Pública de Navarra, o bien el Ministerio no modifique las titulaciones, no es posible la reclasificación del colectivo TCAE al nivel C. No sé si me preocupa más que Ibarrola no sepa estas cosas, o que si las conoce diga lo que dice.
La desaparición del nivel E es una reivindicación sindical de hace más de 20 años por entender que el requisito de ingreso, el certificado de escolaridad, está obsoleto y en la práctica solo estaba sirviendo para abaratar salarios. El perenne argumento de la Administración siempre ha sido que lo mantenía para posibilitar el ingreso a personas con menor cualificación o nivel de estudios, pero sin embargo las pruebas de acceso, por su dificultad, nunca se correspondían con esa teoría, es decir, que los exámenes de oposiciones no eran precisamente preguntas de sumas o restas, ni sobre el abecedario.
En consecuencia, ¿qué se hace entonces, no se reclasifica a un colectivo para que otro no se sienta agraviado? Porque en ese caso tampoco se podría reclasificar al colectivo TCAE al nivel C, aunque fuera viable, para no ofender a técnicos sanitarios€ salvo que a éstos a su vez los suban al B y a las enfermeras, para que tampoco se indignen, al A; pero, y a los facultativos, ¿del A a dónde?
Pese a nuestra experiencia con los gobiernos de UPN, oyendo a Cristina Ibarrola parece que hubieran hallado las claves para solucionar las injusticias entre el personal de Salud. Sería por eso interesante que su coalición, Navarra Suma, nos hiciera partícipes de sus propuestas al respecto€ cuando sean concretas y viables, claro. Lo demás es demagogia.
La autora es secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Navarra
