levamos un tiempo observando cómo la concejala delegada de Servicios Sociales y Acción Comunitaria, María Caballero, aporta una serie de datos a la ciudadanía mediante comparecencias o notas de prensa de temática variada. Aunque suele ser complicado que en matemáticas dos y dos no arroje como resultado cuatro, la señora Caballero muchas veces intenta que dé otra cifra, con una perseverancia casi ofensiva si tenemos en cuenta la materia que maneja: hace continuos ejercicios de contorsionismo para retorcer esos datos, manipularlos y tratar de ofrecer una percepción de que Navarra Suma está sumando efectivos a su área, una de las más importantes de todo el Ayuntamiento, y más en estos tiempos de pandemia.

Pero así como las matemáticas son una ciencia exacta y las manipulaciones chirrían, en gestión social la realidad también es tozuda e, igualmente, la deformación de la misma acaba por evidenciarse. Mediante estas líneas trataremos de dar algunos datos que contrastan con los mundos idílicos de Caballero. Extraigan sus propias conclusiones.

El 3 de febrero el área de Servicios Sociales y Acción Comunitaria comunicaba que “El programa de empleo social del Ayuntamiento de Pamplona ampliará este año sus plazas”. El aumento se justificaba en que se pasa de 74 plazas en 2020 a las 80 de este 2021. ¿Es un aumento? No seremos nosotras quienes contradigamos esas matemáticas, pero tal vez sea un poco tramposo no mencionar los datos de años anteriores: en 2017 esas plazas eran 85, en 2018 eran 95 y en 2019 fueron 86. Es decir, respecto a años anteriores a la covid, el retroceso es evidente, como lo es respecto a la gestión que de este tema hizo el gobierno del cambio.

También es archiconocido el mágico truco utilizado por la señora Caballero con los Servicios de Atención Preventiva Comunitaria que, durante los últimos 25 años, han ido trabajando en hasta 8 barrios y que Navarra Suma quiere liquidar a toda costa. En este caso, para el tripartito de derechas, pasar de 24 personas atendiendo a la infancia y adolescencia más desprotegida, más cientos de personas voluntarias que, al contrario de lo que afirma María Caballero, están perfectamente contabilizadas y recogidas en las memorias que se presentaban anualmente, a un equipo de 4 personas más 14 técnicos, es aumentar el servicio. Dejando de lado otro tipo de consideraciones, que las hay (el tipo de actividades que se ofertan, la participación de los barrios o la creación de tejido social), en esta ocasión las matemáticas, como el algodón del viejo anuncio, tampoco nos pueden engañar.

Pero pasemos a otra flamante rueda de prensa ofrecida por la concejala delegada de Servicios Sociales. El pasado 16 de febrero, en la sala de prensa del Ayuntamiento de Pamplona, la maga Caballero nos informaba de que este año “62 asociaciones sin ánimo de lucro tendrán la consideración de entidades estables para poder desarrollar sus actividades en los centros comunitarios”. En esa misma comparecencia, al igual que en ocasiones anteriores, la edil de Navarra Suma afirmaba que el objetivo que busca el equipo de gobierno en la gestión de estos centros es “garantizar la transparencia, la igualdad de acceso a los recursos públicos y las garantías jurídicas de las partes”. Así, vendieron que querían dar la oportunidad de utilizar esas instalaciones “a todas las entidades que habían quedado fuera” por el “sectarismo” del gobierno anterior o porque no se había hecho publicidad suficiente de la concurrencia. Se preguntará quien lea esto: ¿y, respecto a ese periodo apocalíptico que la derecha quiere enmendar, cuántas nuevas entidades se han sumado al listado de las que disfrutarán de los centros comunitarios?; la cifra será espectacular, ¿no? La verdad es que sí, muy espectacular: la cifra es cero... Pero es que hay otra pregunta que acaba de dibujar la realidad de la gestión de Caballero en este tema: ¿cuántas entidades de las que anteriormente utilizaban los centros comunitarios firmando convenios con el Ayuntamiento se han descolgado ahora? Nada más y nada menos que diecinueve.

Es decir, de 81 entidades usuarias de centros comunitarios pasamos a 62. Al contrario de lo que reiterada y falsamente se dice desde el equipo de gobierno, esas 81 entidades habían firmado ya un convenio con el Ayuntamiento en 2019. Ahora, 19 de ellas quedan fuera del proceso. ¡Y el área es aún capaz de intentar vender esto como un logro!

De todas maneras, y para ser justos y justas, sí hay algunos aspectos en los que la concejala delegada está sumando respecto a la gestión anterior de los Servicios Sociales, por ejemplo, los cargos designados a dedo. Así, de esa forma tan autócrata, ha decidido quién ocupa las plazas de responsable de Programa de Infancia o de Coworkids. Más recursos para personal de libre designación mientras, como recientemente hemos conocido, crecen un 17% las personas en lista de espera para la atención en Unidades de Barrio. Otro dato en el que Caballero y su gestión también suma.

La señora Caballero se está ocupando en intentar desmantelar una parte importante del tejido asociativo de los barrios. ¿El último paso? Impedir las actividades en centros escolares a asociaciones vecinales y apymas para que sólo se puedan ofertar en esos espacios la programación de Coworkids. Este comportamiento, que nos parece de una gravedad máxima, eleva aún más el tono en el todo vale contra el asociacionismo. Caballero vuelve a sumar: en este caso tensión

Aparcando el hecho (y es mucho aparcar) de que la concejala esté aprovechando el altavoz mediático de su cargo para falsear informaciones y tratar de distorsionar la realidad, lo más grave de su gestión no es eso, lo más grave son sus carencias: Caballero no está poniéndose el mono de trabajo en cuestiones vitales para la ciudadanía más desfavorecida en estos tiempos de pandemia como son el refuerzo de la Bolsa de Rescate Social, impulsar el alquiler social, bonificaciones a la contribución para las personas más vulnerables o un plan especial de actuación social para combatir la pobreza. Señora Caballero, es en eso en lo que tendría que sumar, no en reversiones, recortes, cargos de libre designación y ataques al tejido asociativo.

Lo dicho, quienes lean estas líneas, que saquen sus propias conclusiones.

Los autores son concejales de EH Bildu en el Ayuntamiento de Iruñea