Derechos de las trabajadoras del hogar

02.04.2021 | 00:17

El 30 de marzo fue el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, teniendo como objetivo visibilizar las discriminaciones que sufren las personas trabajadoras del hogar, que en su gran mayoría son mujeres, y la falta de legislación que las pudiera amparar a ellas y a sus derechos como personas trabajadoras.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), existen alrededor de 67 millones de personas trabajadoras domésticas en el mundo, una cifra que no incluye menores y que sigue aumentando todos los años. Del total de personas trabajadoras, se estima que el 86,4% son mujeres.

El trabajo doméstico constituye una gran parte del empleo informal, reciben salarios bajos, tienen jornadas de trabajo largas y sus descansos no están asegurados. Pueden tener impedimentos de libre movimiento y se exponen a abusos físicos, mentales y sexuales, y a discriminaciones por sexo y raza. En España, el número de empleadas del hogar y de cuidados se sitúa en más de 630.000 trabajadoras. Asimismo, cabe destacar que el 50% de quienes trabajan lo hacen en régimen externo y el 98% de las internas se dedican al cuidado de personas mayores en situación de dependencia. Con la pandemia, su contexto laboral ha empeorado, con jornadas más largas y limitaciones de poder disfrutar sus días libres sin recibir pagos por trabajar horas extras. El coronavirus está agravando una situación laboral que ya se desenvolvía previamente en condiciones muy precarias. Así, en los últimos meses hemos asistido a numerosas huelgas para denunciar la precariedad del sector de los cuidados profesionalizados (17 de noviembre, 26 de enero y 4 de marzo), y exigir un sistema público comunitario de cuidados, además del reconocimiento político, económico y social de los trabajos de cuidados. Es urgente la consecución de mejoras laborales de un sector que, a pesar de prestar servicios esenciales para sostener la vida, es uno de los más precarizados y feminizados.

A nivel estatal nos encontramos con una falta de recursos al respecto de los cuidados, y un sistema de bienestar y Ley de Dependencia no desarrolladas suficientemente. Ante esta situación, llevar a cabo la conciliación laboral, personal y familiar es muy complicado, ya que la responsabilidad de los cuidados recae habitualmente en las mujeres como tarea no remunerada. Esto propicia la externalización de los cuidados que lleva a la contratación de empleadas domésticas, en su gran mayoría mujeres migrantes o migradas (más del 50%), generándose así cadenas de cuidados transnacionales a la vez que se da la feminización de las migraciones.

Además, el empleo doméstico se constituye como un sector laboral particular. Si atendemos al Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, su principal característica es que se desarrolla en el hogar familiar, vinculado a la intimidad personal y familiar, sumada a que se establece un vínculo personal con base en la confianza que no tiene que estar presente en el resto de las relaciones laborales. Estas particularidades han propiciado que el sector se haya configurado fuera de la estructura ocupacional, dificultando la obtención de los derechos laborales y normalizando socialmente la discriminación laboral. Esta situación ha construido, a su vez, una escasa valoración dentro de la estructura laboral, dificultando aún más la consecución de mejoras en el sector del trabajo de hogar. Debido a la escasa regulación del sector, y especialmente al tratarse de una cuestión relacionada con los cuidados, y, por tanto, al ámbito privado y a las mujeres, se dan multitud de situaciones de irregularidad, tales como contrataciones directas que propician la economía sumergida, la contratación en gran medida de mujeres migrantes y migradas, muchas en situación administrativa irregular, o situaciones de casi esclavitud de las trabajadoras de régimen interno. Consecuencia de ello, es un sector especialmente precarizado y feminizado, situación que ha empeorado con la pandemia.

Por lo tanto, es especialmente importante en el sector del trabajo de hogar tener en cuenta la interseccionalidad para su abordaje y regulación. Sobre todo los ejes de desigualdad de género, clase social, racialización y estatus migratorio, porque tienen que hacer frente a multitud de obstáculos: la legislación en materia de extranjería, la propia normativa que regula el empleo de hogar y las diversas políticas públicas de cuidados, la inestabilidad laboral, los bajos salarios, la marginalización, la ausencia de prestaciones sociales, la situación al margen de la Seguridad Social en muchos casos, las jornadas laborales extenuantes (internas 24 horas, 7 días a la semana), el aislamiento social o las escasas oportunidades para la formación y la capacitación en sus puestos de trabajo, entre otros. En Podemos-Ahal Dugu continuaremos trabajando por la creación de un sistema de cuidados integral, integrado y universal, que reconozca los mismos como derecho subjetivo, que se aseguren a través de políticas, medidas y acciones que favorezcan la corresponsabilidad entre instituciones, mercado, comunidad, hogar, mujeres y hombres, y seguiremos denunciando las políticas de privatización y externalización de los servicios públicos que anteponen los intereses económicos a la salud y el cuidado.

La autora es parlamentaria de Podemos Ahal Dugu!

El trabajo doméstico constituye una gran parte del empleo informal, reciben salarios bajos, tienen jornadas de trabajo largas y sus descansos no están asegurados