urante dos décadas, los gobiernos de UPN y PSN desarrollaron un entramado repleto de mesas y convenios para financiar a la patronal, UGT y CCOO. Era una auténtica tapadera para desviar dinero público a estas organizaciones, que se denominó dialogo social. A través de diferentes convenios, llegaron a pagar con dinero público el salario de más de 120 personas de UGT y CCOO, además de abonar gastos de de luz, calefacción... Los informes de Comptos y la presión de ELA contribuyeron a que en la anterior legislatura se eliminasen esos convenios.

La salida de UPN del Gobierno de Navarra fue un momento muy ilusionante, en especial para aquellas organizaciones que más sufrimos el hostigamiento del Régimen, un tiempo en el que se llegaron a hacer listas negras para ejecutar despidos en función del sindicato al que pertenecía la persona despedida.

Seis años después de la salida de UPN nos preocupa la estrategia de vuelta al pasado que intenta poner en marcha el Gobierno de Chivite. Hay ya algunas decisiones que apuntan muy claramente en esa dirección:

Recientemente, se ha conocido el acuerdo en Pamplona entre UPN y PSN para llevar a cabo un macroproyecto comercial en Azpilagaña Sur que incluiría los nuevos locales para UGT y CCOO, así como una subvención de 99.000 euros para realizar charlas sobre los beneficios del diálogo social.

Por otro lado, el Gobierno anuncia el próximo Plan de Empleo, negociado dentro del Consejo de Diálogo Social. En los planes anteriores se destinaba dinero público a CEN, UGT y CCOO. Lo de menos eran los objetivos del empleo, e incluso dichos planes llegaron a desaparecer ante su evidente fracaso. Había mucha retórica para eludir los problemas reales del mundo del trabajo, pero ningún compromiso más allá del reparto de fondos entre los firmantes.

En otras cuestiones, ni siquiera hay una vuelta al pasado porque no hace falta: por desgracia, se mantienen como estaban. En política fiscal quien sigue mandando es Barcina. Tenemos la misma fiscalidad que nos dejó en 2015: un sistema totalmente injusto en el que las principales empresas apenas pagan un euro de cada diez que ganan (Navarra es el territorio del Estado donde menos pagan), y donde la recaudación recae cada vez más sobre las nóminas de los y las trabajadoras (3 de cada 4 euros en impuestos directos). Y lo más triste es que la mayor preocupación fiscal del Gobierno de Chivite es cómo lograr una mayor desgravación para los empresarios de las tragaperras. Todo esto sumado al empecinamiento en construir obras de interés social tan cuestionadas como el TAV y en colocar en vía muerta cualquier avance en el euskara.

Además, el Gobierno de María Chivite ha decidido poner en marcha determinados foros y comisiones donde se impide la participación de ELA, volviendo a aquellas prácticas antidemocráticas de los gobiernos de Sanz y Barcina.

La actuación más grave del Gobierno de PSN-Geroa Bai-Podemos se ha producido en la Junta de Contratación Pública, donde solo se reconocen como miembros a UGT y CCOO (Decreto Foral 74/2019). Hay que recordar que precisamente fue ELA la organización que en 2014 promovió una Iniciativa Legislatura Popular para modificar la Ley de Contratos Públicos: se recogieron 14.635 firmas, y gracias a ello se cambió la ley y se creó la Junta de la que ahora ELA es excluida.

Esos mismos criterios antidemocráticos llevaron al actual Gobierno de Navarra a liquidar a principios de 2020 la mesa de crisis de la pandemia. En ella participaban UGT, CCOO, ELA y LAB para debatir, entre otras cuestiones, el complemento para los ERTE. El Gobierno de Chivite, sin contestar a la propuesta de ELA, decidió usurpar ese debate llevándolo al llamado Consejo de Diálogo Social (patronal, UGT y CCOO). Lo sucedido con ese acuerdo de complemento de los ERTE es un buen ejemplo de la realidad del diálogo social, puesto que se le dio una enorme propaganda, asegurando que iba a beneficiar a 11.000 personas, y un año después solamente 600 personas han cobrado dicho complemento.

La vuelta a los criterios antidemocráticos del Régimen es una cuestión inaceptable, y más teniendo en cuenta que hace ya varios años que, como consecuencia de su pérdida de apoyos entre los trabajadores y trabajadoras de Navarra, UGT y CCOO no alcanzan el 50% de la representatividad.

ELA se va a oponer, como lo ha hecho durante muchos años, a las políticas antidemocráticas y favoritismos. Es una cuestión democrática. Por eso emplazamos a los tres partidos que componen el Gobierno de Navarra (PSN, Geroa Bai y Podemos) a rectificar, a dejar de lado ese camino de descrédito social, y a apostar por una negociación inclusiva y basada en contenidos reales.

El autor es coordinador del sindicato ELA en Navarra