eguir en la prensa veraniega los análisis de la evolución de la economía pandémica salteados entre informaciones de los fuegos que arrasan buena parte de la cuenca mediterránea, me ha llevado a pensar en el dios Jano, el de las dos caras, pues sobre los mismos datos se hacen una lectura y la contraria.
Y es verdad que cada indicador por separado puede dar lugar a interpretaciones contradictorias, en función, sin ir más lejos, de los efectos provocados. La evolución alcista del IPC que, pese a la bajada de ocho décimas en julio, alcanza una tasa interanual del 2,9% en el conjunto del país (3,3% en Navarra), apunta tanto a la aceleración de la recuperación económica tras la caída provocada por la crisis sanitaria, como al seguro empobrecimiento de buena parte de la población si los salarios no crecen al menos al mismo ritmo.
Del primer reflejo, el crecimiento de la economía impulsado por la reactivación del consumo, que los informes más recientes estiman en un 6,5% para este año (5,9% en Navarra) y en un 7% (7,3% en Navarra) para 2022, es consecuencia también la recuperación del empleo, o dicho con más propiedad, de la población ocupada, porque empleo, al menos en mi opinión, es más que disponer de un puesto de trabajo; requiere estabilidad en la contratación, salario digno, derechos laborales y garantías de salud y seguridad en el trabajo.
La otra cara, si no lo remedia una negociación colectiva a la que los sindicatos todavía acudimos maniatados por la reforma laboral de 2012, impuesta por el Gobierno del PP mediante decretazo al servicio de los intereses de la patronal, será la devaluación salarial como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo de las personas trabajadoras.
También produce efectos contrapuestos la vergonzosa escalada de los precios de la luz a máximos históricos, que convierte a las compañías eléctricas en propietarias de un bien de lujo con el que están haciendo el agosto, nunca mejor dicho, a costa de sablear a una gran parte de la población y de empobrecer todavía más a los sectores más vulnerables, que son los que disponen de salarios más bajos o que perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Con estos condicionantes, la recuperación económica representa para unos, los menos, la salida de la crisis y el retorno a una senda de beneficios cuantiosos. Por ejemplo, las cuentas de las empresas españolas cotizadas han sumado entre los meses de enero y junio de este año unos beneficios de 30.304 millones de euros, y los miembros de los consejos de administración de las compañías del IBEX 35 han ganado en conjunto 123,5 millones de euros en el mismo periodo.
Mientras tanto, para otros, los más, es la cara amarga. Significa seguir hundiéndose en el fango de la precariedad y tener que continuar batallando por la mera supervivencia. La Encuesta de Condiciones de Vida, publicada por el INE este pasado mes de julio, eleva la tasa de población en claro riesgo de pobreza y exclusión social hasta el 26,4% del total, apunta que un 10% de los hogares no llega a fin de mes y que un 35,4% de las familias no puede hacer frente a un gasto imprevisto.
Para acabar de dibujar esta otra cara de la reactivación económica, basta señalar que la remuneración anual por trabajador ha sufrido un retroceso del 2,6% en el último periodo, en contraste con la ya mencionada evolución de los sueldos de los directivos y la evolución de los beneficios empresariales.
Y así llegamos a ese otro concepto al que, interesadamente, también se le quieren ver dos caras, que es el SMI. Frente a la necesidad social, convertida en clamor por los colectivos laborales más vulnerables, de continuar incrementando el SMI, también este año y hasta alcanzar el 60% del salario medio en 2023, cumpliendo lo establecido en la Carta Social Europea en esta legislatura, que es un compromiso adquirido por el actual Gobierno, recientemente el Banco de España se ha descolgado con una de las suyas: un informe que, utilizando diferentes datos y enfoques, concluye que en 2019, año anterior a la pandemia, la economía española dejó de crear 180.000 empleos debido al aumento del SMI.
Aún a riesgo de pasar por ingenuo, prefiero pensar que se trata de una conclusión errónea y no de una manipulación al servicio de los intereses de los de siempre. Porque, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), pese al aumento del SMI en un 22% en 2019, el empleo creció en dicho año en 451.600 personas (un 2,33%), mientras que el paro se redujo en 231.300 personas (-6,65%). En Navarra, en 2019, la población ocupada aumentó en 6.700 personas (2,37%), mientras que el número de parados se redujo en 5.500 personas (-17,5%). Estos son datos reales y oficiales de lo ocurrido, no especulaciones sobre lo que pudo o no ocurrir.
En definitiva, creo que en el caso de la subida comprometida y pendiente del SMI es difícil defender con datos otra cara que no sea la de los efectos positivos para la generación de empleo. Y es que la lógica económica dice que, a más salario, mayor consumo, más actividad y más puestos de trabajo. Es una medida que, además, beneficia principalmente a la población trabajadora más joven y a sectores que, durante la crisis derivada de la pandemia, han sido esenciales y han estado en primera línea. Colectivos éstos para los que, demasiadas veces, el SMI es la única referencia salarial.
Por tanto, el aumento del SMI es una medida económicamente racional, socialmente justa y políticamente irrenunciable para quienes accedieron al Gobierno con un programa de restauración de derechos laborales y sociales y mejora de las condiciones de vida de la mayoría, y han reiterado en tiempo de pandemia el compromiso de no dejar a nadie atrás en el proceso de recuperación y reactivación económica que tenemos por delante. Subir el SMI, en mi opinión, solo tiene una cara y es la del empleo digno, que queremos para todas las personas.
El autor es secretario general de la UGT de Navarra
