omo cada 6 de diciembre, los llamados constitucionalistas honrarán de forma grandilocuente a la Constitución española. Como cada año, a quienes poco les importa el incumplimiento sistemático de los artículos 31 (Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad), 35 (Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo), 47 (Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada), o 128 (Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general) de la Constitución, se desharán en empalagosos halagos al mitificado texto constitucional.

Tras 43 años es prácticamente innegable que el conjunto de nuestro país necesita reflexionar, debatir, ¿y por qué no?, también diseñar una nueva constitución acorde a sus necesidades actuales. La España actual ya no es la España de 1978, y una Constitución que surgió en un momento concreto como lo fue la Transición no puede eternizarse de forma inamovible, más si cabe tras comprobar su incumplimiento constante por no garantizar de forma efectiva el cumplimiento de lo recogido en sí misma.

Durante décadas los constitucionalistas nos dijeron que el llamado consenso constitucional edificado en 1978 era incuestionable y que la reforma de la citada Constitución era prácticamente imposible de materializar. A esos mismos constitucionalistas poco les importó ese sacrosanto consenso cuando con nocturnidad y alevosía reformaron el artículo 135 para someter el texto al más radical neoliberalismo económico durante el verano del 2011. Por aquel entonces, los votos del PSOE, PP y UPN y un rapidísimo trámite parlamentario bastaron para reescribir la Constitución Española al dictado de los hombres de negro de la llamada troika.

Esta Constitución, votada ya solo hoy por los mayores de 61 años, hace aguas día tras día por su ya señalado incumplimiento, y cuenta cada vez con un menor e innegable respaldo ciudadano. Así mismo, la principal institución del Estado recogida en la Constitución, y que da forma política de monarquía parlamentaria a nuestro país, la propia monarquía, se encuentra sumida en una crisis continuada de antidemocrático e indecoroso desprestigio que sonroja al conjunto de la ciudadanía española.

La crisis de la monarquía española es el más simbólico reflejo de la crisis de régimen que viene sufriendo nuestro país a lo largo de la última década. La crisis económico-financiera del año 2008, la irrupción del Movimiento 15M, el fin del bipartidismo político, la sucesión gatopardista en la corona o las fricciones nacionales en Cataluña han hecho tambalear todo el entramado jurídico-político-institucional que conforma el régimen del 78 y que se apuntala en la Constitución española.

Ante todo ello, la mayoría social de nuestro país, la que defiende un sistema tributario justo y progresivo, la que aspira a tener garantizado el derecho al trabajo o a disfrutar una vivienda digna y adecuada, y la que está harta ya de los anacrónicos borbones, debe aspirar a la apertura de un proceso constituyente que decrete el final del citado régimen del 78 con la república como alternativa.

La III República Española que debe emanar de ese proceso constituyente no debe representar un mero cambio de bandera o una mera sustitución de un antidemocrático monarca por un presidente de la República elegido por sufragio universal. Debe aspirar a materializar un cambio radical del orden establecido; la economía y los sectores estratégicos de la economía deben ponerse al servicio del interés general garantizando un modelo de desarrollo medioambientalmente sostenible, la judicatura debe romper definitivamente sus lazos con el régimen franquista, la igualdad real entre hombres y mujeres (empezando por la Jefatura del Estado) debe ser efectiva, o una nueva estructura federal debe dar acomodo a las distintas regiones y naciones que conforman este país plurinacional. En definitiva, a través del proceso constituyente nuestro país tiene que construir y conquistar un futuro republicano, digno y feliz para el conjunto de sus ciudadanos y ciudadanas.

Por todo ello, los y las republicanas debemos aprovechar lo icónica de la fecha del 6 de diciembre para reclamar un proceso constituyente frente a una Constitución caduca y a un régimen agónico.

El autor es coordinador general de IUN-NEB