Luces y sombras de la reforma laboral

28.02.2022 | 01:24
Luces y sombras de la reforma laboral

mucho se ha hablado y escrito sobre la reciente reforma laboral acordada por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, con CCOO y UGT y con CEOE y CEPYME, convalidada por el Congreso por la mínima, 175 votos frente a 174, en una votación en la que se produjo por sorpresa el voto en contra de la postura oficial de su partido de dos diputados de UPN y que se salvó por el error de un diputado del PP.

Entre las opiniones, a favor y en contra de esta reforma laboral, no ha faltado la retórica y la demagogia de quienes exageran los logros y restan importancia a las insuficiencias, y viceversa, de quienes exageran las insuficiencias y restan importancia a los logros. El eterno dilema de quienes ponen el acento en la mitad medio llena de la botella y quienes ponen el énfasis en la mitad medio vacía. Lo que se ha echado en falta es claridad y rigor en muchos de los análisis y explicaciones de defensores y detractores de la reforma, que se han alineado cual hooligans de una u otra postura.

Sin embargo, la reforma tiene luces y sombras: no es la derogación de la reforma laboral del PP de 2012, ni tan siquiera de todos los aspectos más lesivos de la reforma del PP, mucho menos de la reforma laboral del PSOE de 2010, que en muchos aspectos desbrozó el camino para la posterior reforma del PP.

Tampoco es una reforma cosmética, como sostienen sin rigor algunos sectores. Se han recuperado derechos y conseguido avances muy importantes en materia de negociación colectiva, como son la recuperación de la ultra actividad de los convenios colectivos vencidos (que su contenido normativo siga vigente hasta que sea sustituido por un nuevo convenio) y la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los convenios de empresa que provocaron una importante reducción de los salarios y de las condiciones laborales. La aplicación del convenio sectorial correspondiente a la actividad de las subcontratas es también un avance, a medias, para evitar que la subcontratación se convierta en un medio para abaratar costes a costa de las condiciones salariales y laborales del personal de las subcontratas.

La reducción de las modalidades de contratación temporal, la supresión del contrato de obra o servicio y las limitaciones causales y temporales para la utilización de los contratos eventuales por circunstancias de la producción parecen también avances importantes para combatir la temporalidad y la precariedad asociada. Aunque habrá que evaluar los resultados puesto que hay un precedente que no funcionó: la derogación del mal llamado contrato temporal de fomento del empleo, en 1994, acompañada de la posibilidad de ampliar por convenios sectoriales la duración de los contratos eventuales, unida a una práctica generalizada de fraude en la contratación temporal, no produjo apenas efectos en la reducción de la temporalidad, de manera que lo que se sacó por la puerta, el contrato temporal de fomento del empleo, entró por la ventana, en forma de contratos eventuales fraudulentos. En cualquier caso, la Inspección de Trabajo y los sindicatos habremos de extremar la vigilancia para evitar que continúe la contratación temporal fraudulenta.

Junto a los importantes aspectos positivos que se han señalado (la botella medio llena), ha habido también aspectos muy importantes que ni siquiera se han planteado en las negociaciones: las reformas del PSOE (2010) y del PP (2012) en materia de despidos, que facilitaron y abarataron los despidos, y las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo (la botella medio vacía).

La reforma laboral del PSOE, de junio de 2010, facilitó los despidos por causas objetivas, como medida para preservar o favorecer la posición competitiva de las empresas en el mercado, al ampliar la definición de las causas económicas, incluyendo en dicho supuesto las pérdidas previstas, o la disminución persistente del nivel de ingresos, aunque no hubiese pérdidas. La posterior reforma del PP, suprimió la autorización administrativa previa en los despidos colectivos, redujo las indemnizaciones en los de pidos improcedentes (antijurídicos, sin causa justa) de 45 días a 33 días por año con un máximo de 24 mensualidades en lugar de 42, y suprimió los salarios de tramitación, salvo para los supuestos de readmisión.

La propia ministra de Trabajo y Vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, dijo en el programa Salvados de La Sexta, el día 6 de febrero, que en el Acuerdo del Gobierno de coalición el PSOE vetó la posibilidad de derogar o modificar las últimas reformas laborales del PSOE y del PP en materia de despidos y de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Al día siguiente, en Radio Nacional de España, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, corroboró que esas materias ni siquiera se plantearon en la mesa de negociación del Gobierno con la patronal y los sindicatos.

La reforma laboral es el fruto de una compleja correlación de fuerzas y de un complicado equilibrio entre los distintos agentes políticos, sociales y económicos que han intervenido o influido en el resultado: en primer lugar, de la correlación de fuerzas en el Gobierno de coalición, entre el PSOE y Unidas Podemos, en segundo lugar, de la correlación de fuerzas entre patronal y sindicatos y, en última instancia, de las recomendaciones de la Unión Europea de la que depende la llegada de los fondos europeos, que hicieron hincapié en la necesidad de una reforma laboral acordada con la patronal y los sindicatos y que ponga límites a la excesiva temporalidad en el mercado laboral español.

Como dice Pepe Mújica, expresidente de Uruguay, la política, más que lo que deseas, es lo que haces con el mientras tanto. Y lo que haces mientras tanto es lo que te permite la correlación de fuerzas entre los agentes políticos, sociales y económicos, con la coyuntura y la cultura que te rodean, como telón de fondo.

Un aspecto muy destacable de esta reforma laboral es que, por primera vez, se produce un cambio de orientación: frente a todas las reformas laborales de calado, aprobadas por los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP, desde que en 1984 el primer gobierno de Felipe González aprobara los contratos temporales sin causa de temporalidad que elevaron las tasas de temporalidad a límites insoportables, hasta la última reforma laboral del PP, de 2012, que supusieron un recorte de derechos, esta es la primera reforma en la que se recuperan importantes derechos laborales arrebatados por anteriores reformas.

Sin duda, la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición ha sido fundamental para los avances que se han conseguido, puesto que las reformas laborales aprobadas por el PSOE cuando ha gobernado en solitario han sido siempre regresivas. Los avances que se han conseguido son muy importantes, a condición de que las fuerzas políticas de izquierda y los sindicatos reconozcan que las insuficiencias y las cuestiones que han quedado aparcadas son también muy importantes, que lo que se ha conseguido no es un punto de llegada sino un punto de partida para luchar por nuevos objetivos y para recuperar derechos arrebatados por anteriores reformas.

Para terminar, no parece que el Gobierno, en especial el PSOE, haya tenido mucha cintura para tratar de integrar a sus socios de investidura en el acuerdo y a las fuerzas políticas y sindicatos nacionalistas, en particular. Y no hubiera sido difícil, si se hubieran acompasado las negociaciones en la mesa de diálogo social con los socios de investidura, si no se hubiera reservado el papel de convidados de piedra a los sindicatos nacionalistas, como ELA y LAB, que en la Comunidad Autónoma Vasca son mayoritarios y su representación en Navarra es muy importante, al igual que la representación de la CIGA en Galicia. No hubiera sido difícil si, en vez de negarles el pan y la sal a los sindicatos nacionalistas, colocándolos en una posición subordinada respecto de los sindicatos mayoritarios en la negociación colectiva, se articulara ésta entre los ámbitos superiores e inferiores, de manera que los convenios de ámbito superior tengan el carácter de mínimos y que se puedan negociar mejoras en los ámbitos inferiores, sean de Comunidad Autónoma o provinciales, en lugar de que los sindicatos mayoritarios puedan limitar las materias que se pueden negociar o no en los ámbitos inferiores.

No se puede alardear de que España es un Estado plurinacional y a la vez ningunear a los partidos y sindicatos nacionalistas, que aspiran, legítimamente, a tener una importante capacidad de autogobierno, en sus ámbitos respectivos.

La postura de ERC, que más parece responder a intereses electorales, podía haberse modificado también, en el caso de que el Gobierno hubiese conseguido el apoyo de PNV, EH Bildu y BNG. En lugar de eso, el Gobierno, en particular la parte representada por el PSOE, ha preferido jugar a la geometría variable, buscando apoyos en la derecha y en la izquierda, lo cual es una temeridad, habida cuenta la composición actual del Congreso, en el que no hay una mayoría alternativa a la mayoría de investidura, poniendo en peligro la reforma laboral y la composición del próximo Gobierno.

Solidari

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