El consejero de Interior debería dimitir, o ser cesado

28.03.2022 | 00:47
El consejero de Interior debería dimitir, o ser cesado

el miércoles 16 de marzo los sindicatos APF y CSIF-SPF estuvimos frente al Parlamento de Navarra tras una pancarta en la que se reclamaba la dimisión del consejero de Interior, Javier Remírez y, por extensión, de la directora general, Amparo López Antelo, por dos asuntos cruciales para los policías forales: la falta de reglamentación de la Ley 23/2018 y la ausencia de directrices referidas a la jubilación.

Con respecto a esto último, decir que la normativa legal que nos otorga la posibilidad de adelantar nuestra edad de jubilación (tal y como sucede con el conjunto de las policías de España) fue publicada el pasado 31 de diciembre de 2021 en el BOE. A partir de aquí, al Gobierno de Navarra sólo le quedaba implementar el procedimiento para ello, pero casi tres meses después tenemos compañeros que pudieran estar jubilados y siguen trabajando.

Una situación que resulta todavía más enojosa cuando conocemos que en los Mossos d'Esquadra, cuya jubilación fue aprobada el mismo día que la nuestra, sí están ejerciendo ese derecho. Hasta 86 mossos se han jubilado desde el 1 de enero de 2022.

La ausencia de reglamentación de la Ley 23/2018 es el otro litigio que mantenemos. En vigor desde el 20 de noviembre de 2018, esta ley disponía que, en el plazo de un año, se desarrollasen materias tales como la formación, la provisión de puestos de trabajo, la segunda actividad y las jornadas, horarios y retribuciones. Valorando este último asunto como fundamental, la norma obligaba al Gobierno de Navarra a actuar con celeridad para que dicho reglamento entrara en vigor el 1 de enero de 2019. Sin embargo, a estas alturas del mes de marzo de 2022 toda esa normativa sigue durmiendo el sueño de los justos y acumulando un retraso vergonzoso.

Ahora bien, ¿qué argumenta el señor Remírez para justificar semejante despropósito? Pues más bien poco, la verdad, y, tras reducir todo este general incumplimiento al Reglamento de Jornada y Retribuciones, el consejero dice estar atado de pies y manos por la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 y necesitar una habilitación legal, que ya habría solicitado, del Ministerio de Hacienda para incrementar la masa salarial de los policías forales. Actuar sin este salvoconducto, concluye el ínclito, sería incurrir en prevaricación. Ustedes nos disculparán, pero quienes andamos en el mundo sindical de Policía Foral tenemos que respirar largo y profundo para no soliviantarnos ante argumento tan mendaz, y antes de desvelar la falacia que se oculta en el mismo. Por puntos.

1º.- Si este argumento es cierto, ¿por qué los 11 parlamentarios del PSN se abstuvieron y no votaron en contra de la Ley 23/2018 de 20 de noviembre? ¿Por qué su portavoz no aludió en su intervención en ningún momento a este hándicap que pesaba sobre esta ley? ¿Prevaricaron los 35 parlamentarios forales que aprobaron esta ley?

2º.- ¿Por qué en abril del 2021, la directora general nos facilita un cronograma donde se establece que a 1 de enero de 2022 entraría en vigor el reglamento de jornada y retribuciones? ¿Y por qué a partir de ese mes de abril del 2021 se pone en marcha un grupo de trabajo con policías forales y técnicos del Gobierno de Navarra? Si esa habilitación legal era necesaria desde el año 2018, ¿podemos decir que ambos responsables de Interior montaron una farsa en la que utilizaron como marionetas a los trabajadores? Y considerando que, en diversos foros, ambos habían manifestado una "clara y firme voluntad de impulsar los reglamentos" (sic), ¿no podemos concluir que estaban mintiendo a quienes escucharon ese compromiso? Y es que el argumento de marras aparece, por primera vez, como conejo que sale de la chistera, en diciembre del 2021, es decir, cuando llega la hora de la verdad y es imposible seguir escurriendo el bulto.

3º.- Siguiendo la tesis del señor Remírez, cualquier ciudadano estaría en condiciones de denunciarle justamente por prevaricación. Porque, a requerimiento suyo, en los mismos Presupuestos Generales de Navarra para el 2022 se consigna una partida presupuestaria que asegura a los guardias civiles que quieran acceder vía "pasarela" a la Policía Foral las retribuciones que cobran en la Guardia Civil. Una decisión que evidencia que las retribuciones en la Benemérita son superiores a las que se perciben en la Policía Foral, y que se da por bueno un incremento para esos nuevos funcionarios del Gobierno de Navarra.

4º. Por otro lado, también el mismo Gobierno de Navarra merecería ser acusado de prevaricación al haber aprobado por Acuerdo del 26 de enero del 2022 una modificación presupuestaria de hasta 15 millones de euros para el personal sanitario. Asimismo, en estos últimos tiempos habría prevaricado el ministro del Interior, señor Grande Marlaska, al haber aumentado las retribuciones de los funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Y también serían unos delincuentes los alcaldes de un buen número de ayuntamientos de Navarra que, siguiendo precisamente lo establecido en la Ley 23/2018, han aumentado las retribuciones de sus policías locales mediante la aplicación de los correspondientes estudios de puestos de trabajo. Dejando claro nuestro respeto para con las condiciones laborales del resto de cuerpos policiales y, por supuesto, para el personal sanitario –bien merecidas por su servicio y compromiso con la ciudadanía–, permítannos que denunciemos la burla de una norma que se aplica solo a los policías forales.

Y 5º.- Todo este tema de la habilitación legal ha tomado en las últimas horas un rumbo sorprendente cuando, a instancias de una pregunta de la senadora navarra Amalia Salanueva a la Secretaría de Estado de Relaciones con la Cortes, hemos conocido que "en el ámbito de competencias del Ministerio de Hacienda y Función Pública no se tiene conocimiento de la solicitud" de habilitación legal que el consejero Remírez, desde diciembre del 2021, nos viene diciendo que ha presentado. A la espera de que el señor consejero aclare asunto tan grave, y aporte documentación fidedigna que aclare esta acusación, no podemos por menos que preguntarnos qué se ha hecho desde que, en teoría, se presentó dicha solicitud hace cinco meses. Aunque la respuesta la adelantamos: nada, absolutamente nada.

Desde nuestro punto de vista, todo lo anteriormente expuesto desvelan las mentiras del consejero y la directora general de Interior, y nos lleva a concluir que no hay impedimento legal para desarrollar el Reglamento de Jornada y Retribuciones en Policía Foral sino una clamorosa y vergonzosa falta de voluntad política. Durante casi tres años, el señor Remírez se ha amparado en su florido verbo burocrático, en su demagogia y en sus mentiras, para eludir sus responsabilidades y justificar su inacción. Pero al fin ha quedado patente esa falta de voluntad, a la que habría que sumarle su incapacidad, su desgana y, lo que acaso sea más grave, su desprecio por los policías forales, por esos hombres y mujeres que, entre otras muchas funciones, se ocuparon, y se ocupan, de su seguridad personal. Señor consejero: su palabra ha perdido cualquier valor que pudiera tener, y eso en política debiera pagarse con la dimisión. O con el cese, que debería ordenar cuanto antes la presidenta del Gobierno, a quien, ya para finalizar, queremos reiterar nuestra mejor disposición para acometer el desarrollo reglamentario con el interlocutor que designe y, entre otros asuntos, fijar esas nuevas retribuciones para los policías forales. Unas retribuciones que, según ella misma reconocía en la última sesión del pleno del Parlamento de Navarra, son justas y necesarias.

De los sindicatos de Policía Foral APF y CSIF, respectivamente

Durante casi tres años, el señor Remírez se ha amparado en su florido verbo burocrático, en su demagogia y en sus mentiras, para eludir sus responsabilidades y justificar su inacción

 

Señor consejero: su palabra ha perdido cualquier valor que pudiera tener, y eso en política debiera pagarse con la dimisión. O con el cese, que debería ordenar cuanto antes la presidenta del Gobierno

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