Aunque muchas veces Historia y Memoria confluyan, no son lo mismo. La primera es una disciplina que trabaja sobre el pasado, destapando la verdad en base a los datos provenientes de documentos, testimonios…, manteniendo siempre una distancia objetiva. Para Eric Hobsbawm “la historia es una ciencia social, con una dinámica interna –historicidad– que interpreta al pasado como una interacción de elementos en una estructura”. La historia intenta descubrir la verdad, pero sus conclusiones, en principio, no obligan a adoptar ninguna conducta actual.

Por el contrario, la Memoria posee unos condicionantes subjetivos, personales y emotivos que la desplazan de ser una disciplina científica, para convertirla en un fenómeno colectivo de identificación y reforzamiento de identidad social. Para las personas activistas de la memoria la aproximación a un pasado, con frecuencia traumático, es totalmente distinta a quienes lo hacen desde el campo de la historia.

En el caso del Estado español la memoria combativa viene determinada fundamentalmente por la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos y la represión genocida que supuso el golpe fascista de julio de 1936, la larga dictadura que le siguió y la transición a una situación de aparente democracia, pero basada en la instauración de la más absoluta impunidad por los crímenes cometidos, gracias al mantenimiento de los principales aparatos e instituciones de la dictadura y a una ley de punto final (Ley de Amnistía de 1977).

La memoria de las víctimas del franquismo (también existe la memoria de los victimarios que es la imperante socialmente) es amplia y diversa, tantas como colectivos objeto de la represión sistemática del régimen (mujeres, nacionalistas, comunistas, sindicalistas, republicanos, socialistas, anarquistas, masones, por etnias minoritarias, por opciones sexuales diferentes, religiosas…).

La memoria democrática parte de una identificación con lo que significaron los avances democráticos y sociales de la II República, tratando de encontrar un sentido al presente desde una visión del pasado. Su fin es confrontar con las situaciones de opresión y conflictos, y con la violación de derechos que se han dado, de las que se quiere salir implementando medidas políticas y jurídicas que cierren de forma democrática las dolorosas heridas del pasado y garanticen su no repetición en el futuro.

Por ello la memoria democrática implica necesariamente justicia. Busca la verdad, incluyendo la verdad judicial, la reparación efectiva a las víctimas, y las reformas institucionales que garanticen la no repetición. Por esas razones, la memoria reivindicativa y radical puede ser un potente instrumento de movilización social.

El Reino de España constituye un caso único a nivel planetario, respecto al nivel alcanzado en la impunidad por los crímenes cometidos con una clara “genealogía genocida” (según el término acuñado por el historiador Antonio Miguez Macho), por el régimen franquista. En todos los lugares y países donde se han dado episodios parecidos (Alemania, Argentina, Chile, Portugal, Italia...), de una u otra forma, ha habido algún tipo de justicia penal.

A pesar del tiempo transcurrido desde la comisión continuada de esa práctica criminal –86 años desde el golpe militar, 46 desde la muerte del dictador y 43 desde la aprobación de la Constitución– sin que se haya abordado el tema con un mínimo de seriedad, compromiso y responsabilidad, por ninguno de los gobiernos que se han sucedido durante estos años, incluyendo los constituidos por el PSOE. Y que las personas testigos y las pruebas referentes a los crímenes franquistas van desapareciendo y diluyéndose. La exigencia de justicia sigue siendo un componente esencial de la memoria combativa y, a pesar de todo, es aún posible y necesaria, igual no tanto en su aspecto punitivo (pues muchos de los victimarios han desaparecido, aunque no todos), pero sí en el restaurativo.

Como sociedad necesitamos que se dé esa justicia penal restaurativa, para pasar de una vez por todas página y conseguir vivir en una sociedad libre y democrática.

Llegados a este punto, debemos decir que el proyecto de Ley de Memoria Democrática aprobado en el Congreso de los Diputados y actualmente en tramitación en el Senado no responde a esta exigencia de justicia. De los sesenta y cinco artículos de los que consta la ley, únicamente dos (28 y 29) son los referentes al apartado de “justicia”. Y en su Disposición Final Tercera, se determina que toda reclamación judicial que pudiera presentarse con relación a los hechos pasados objeto de la ley, deberán sustanciarse en la “jurisdicción voluntaria”, es decir, la civil, excluyendo en todo momento la vía penal.

La Ley de Amnistía de 1977 sigue vigente sin que se le toque ni una sola coma. Tampoco se recoge la aplicación de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad cometidos con anterioridad al año 2004, fecha a partir de la cual dice el Tribunal Supremo que se puede aplicar el Derecho Internacional sobre Derechos Humanos al ser incluidos en el Código Penal español. Con lo que se demuestra que el principal enemigo de la justicia en el Reino de España es la propia justicia española.

Por lo que el muro de impunidad por los crímenes del franquismo, levantado y sustentado durante tantos años, sigue intacto constituyendo una de las señas de identidad del actual Reino de España.

Eso significa que tenemos que seguir batallando por la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y que esta Ley de Memoria Democrática es una nueva oportunidad perdida para la memoria de las víctimas del franquismo. Una vez más un gobierno del PSOE defrauda y expresa los estrechos límites de su proyección política, negando el acceso a la tutela judicial efectiva.

Esta ley mantiene la trayectoria iniciada en la Transición. La de un colosal montaje de control ideológico que, entre otras cuestiones, clausuró toda posibilidad de investigar el genocidio franquista, y de castigar a los verdugos.

El camino de la exigencia de responsabilidades frente a la impunidad es muy difícil, y esta ley redunda en la dificultad para conseguirlo, pero es el único que existe para un Estado democrático.

El autor participa en la Coordinadora de Pueblos por la Memoria ‘Amapola del Camino’, en la Asociación ‘Autobús de la Memoria’ y en la Iniciativa Popular Sanfermines 78: Gogoan