El PSN y la foralidad estática

Recordemos que el acuerdo programático mencionaba la “creación de una ponencia en el Parlamento de Navarra que estudie la actualización de la LORAFNA dentro del marco institucional vigente”.

Y que en el Debate sobre el Estado de la Comunidad de 2021 se aprobaba, con el voto a favor de todos los partidos salvo Navarra Suma, una propuesta de resolución presentada por Geroa Bai que mencionaba la reclamación de las competencias aún no transferidas por el Estado y, como tareas a llevar a cabo durante 2022, la celebración de unas jornadas con especialistas en torno al autogobierno foral (actividad que tuvo lugar efectivamente) y la creación de una ponencia con presencia de todos los grupos del Parlamento Foral que estudiase la actualización de la LORAFNA (que no se ha concretado).

Asimismo, el 17 de agosto de 2022 el Gobierno de Navarra publicaba una declaración oficial en la que, tras reconocerse las virtudes de la LORAFNA como el marco que ha permitido el avance del autogobierno y el progreso de Navarra en todos los niveles, expresaba la voluntad de aquel de desarrollar al máximo lo previsto a nivel competencial en dicha ley, así como la de “apostar, de acuerdo a lo estipulado en la Disposición Adicional Primera” de la misma, por su actualización jurídica y social para poder “encarar los grandes retos que afronta la ciudadanía navarra del Siglo XXI reforzando las capacidades de la Comunidad Foral y fortaleciendo sus instituciones y la identificación de la ciudadanía navarra con las mismas”. En consonancia con ello y con la propuesta de resolución aprobada el año anterior, se apoyaba la conformación de una ponencia con representación de todos los grupos políticos.

Sin embargo, contra todo lo expresado anteriormente, a lo largo de 2022 no es que la Ponencia referida no se haya conformado, sino que en el último Debate sobre el Estado de la Comunidad celebrado el pasado mes de noviembre, el PSN ha renunciado a la misma, asumiendo una postura estaticista de no ir más allá del marco fijado por la LORAFNA.

Al final de ese debate, la propuesta de resolución presentada por el PSN se refería exclusivamente a la profundización en el ejercicio del autogobierno interpretándolo en el sentido de conseguir las transferencias pendientes. Aunque dicha propuesta contó con los votos a favor de Podemos-Ahal Dugu e I-E, no prosperó por la abstención de Geroa Bai y el rechazo de Navarra Suma y de EH Bildu.

Otra propuesta de resolución presentada por Geroa Bai recogía también la necesidad de exigir las competencias no transferidas presentes en la LORAFNA, pero pedía también, de acuerdo con lo convenido en el acuerdo programático y en la propuesta de resolución aprobada en 2021, la apertura de una Ponencia referida a las bases definitorias de “un proceso de reforma del Amejoramiento para actualizar el estatus político de Navarra, incluir nuevas competencias y avanzar en el reconocimiento de derechos sociales”. Asimismo, se detallaba que el proceso debería incluir un debate social amplio y participativo sobre la cuestión, que el nuevo marco a establecer en el futuro debería ser “sometida al refrendo de la ciudadanía navarra” y que las futuras relaciones entre Navarra y el Estado deberían sustanciarse “en términos de efectiva bilateralidad”. Esa propuesta contó con los apoyos del grupo proponente, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, pero fue rechazada por los votos en contra del PSN y de Navarra Suma.

También fracasó la propuesta de EH Bildu que se centraba en la necesidad de apertura de “un debate político y social encaminado a actualizar esa norma para responder a los retos y necesidades de la sociedad navarra del siglo XXI y que la ciudadanía navarra, como sujeto político, tenga derecho a votar nuestro marco jurídico-político y, por tanto, el modelo de relación con el Estado y con el resto de territorios vascos”. Fue apoyada también por Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu, absteniéndose I-E y votando en contra Navarra Suma y PSN.

Todo lo anterior vuelve a confirmar el apego del PSN por la foralidad estáticamente concebida, la que no se mueve del marco conformado por la LORAFNA salvo para reformas parciales (como las significadas por la Ley Orgánica 1/2001, de 26 de marzo, o por la Ley Orgánica 7/2010, de 27 de octubre). Esa inclinación ya fue expresada hace una quincena de años cuando el PSN participó, junto con UPN y CDN, en la disolución de la ponencia de autogobierno de la legislatura 2003-2007. La “estatización” de los derechos históricos navarros supone así una negativa a la profundización en el autogobierno navarro, y una sacralización del Amejoramiento.

Llama la atención que el cambio de parecer de los últimos meses del PSN se produzca cuando todavía sigue liderando un gobierno de coalición con otras fuerzas que sí apuestan por la constitución de una ponencia de reforma de la LORAFNA, disponiendo además del apoyo externo de otras dos, una firmante del acuerdo programático y otra que se aviene a apoyar los presupuestos y otras votaciones, que también son favorables a la misma. Y que todos esos partidos hayan sacado adelante en el último Debate sobre el Estado de la Comunidad una propuesta de resolución que manifestaba su voluntad de que el Gobierno de la legislatura 2023-2027 se articule con idénticos soportes, aunque en ella solamente se explicitaban generalidades acerca de la acción política del mismo, no habiendo referencia directa al incremento del autogobierno.

No hace falta recordar que una amplia parte de la sociedad navarra entiende que las instituciones navarras deben paliar los vicios de origen, recordados por la prensa en la primavera y verano pasados, de la LORAFNA en cuanto que esta fue resultado de un proceso deficiente por el papel y la conformación de la Diputación negociadora; por la tutela que la UCD local y la UCD central hicieron del mismo, frecuentemente desde la trastienda; por la exclusión de los partidos nacionalistas; por la deficiente circulación de información; y por la falta final de posibilidad de refrendo popular.

Sea como sea, en otras comunidades autónomas la actitud del Partido Socialista suele ser más transgresora y valiente en relación con el estatus políticoinstitucional vigente.

El ejemplo más obvio es el del Partit Socialista de Catalunya, artífice junto con ERC e Iniciativa per Catalunya, de la Propuesta de Estatut aprobada por el Parlament catalán el 30 de septiembre de 2005, propuesta cuyo contenido tremendamente audaz yace ya en el olvido tras los sucesivos recortes que padeció en las negociaciones entre CIU y Zapatero, en la tramitación en el Parlamento español y por efecto de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Pero ese ejemplo no es el único. El lector puede consultar el contenido original de la Ley 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón, impulsada inicialmente por el partido socialista de Lambán (sí, sí, de Lambán) y de la Chunta Aragonesista, y que por su radicalidad fue objeto de un intenso garlopeado por parte del TC el 18 de diciembre de 2019. Allí se hablaba de Aragón como de nacionalidad histórica, de naturaleza foral, y se reivindicaba la vigencia de los derechos históricos aragoneses; se enunciaba que la relación con el Estado debía de regirse por la bilateralidad, y se proclamaba el derecho de Aragón a acceder al más alto grado de autogobierno equiparable al que se reconozca a cualquier otra nacionalidad del Estado español en cualquier ámbito competencial, institucional o financiero; y se afirmaba que las decisiones relevantes que afecten a Aragón no podrán ser adoptadas unilateralmente por las instituciones del Estado o por entidades supraestatales, sino que deberán ser negociadas con los representantes de la comunidad autónoma a través de los órganos e instrumentos de relación bilateral instituidos al efecto.

Y todo ello con la firma del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán Montañés. En Zaragoza, a 28 de junio de 2018.