Las entidades locales de Navarra ante las próximas elecciones

El próximo 28 de mayo, la ciudadanía navarra elegirá a los cincuenta miembros del Parlamento y a más de 2.000 concejales y concejalas de nuestros ayuntamientos. Sirvan estas líneas para trasladar una pincelada a estos últimos sobre los retos en el ámbito municipal para los próximos cuatros años.

En primer lugar, sin embargo, quisiera reconocer públicamente a las personas que dan un paso al frente para representar a la ciudadanía en las instituciones locales. En la mayoría de los casos, tras esa decisión hay una vocación de servicio público, de trabajar por mejorar la vida de sus conciudadanos en condiciones no siempre fáciles y de manera desinteresada. Conscientes de que la administración local es la más cercana a la ciudadanía y la primera línea de actuación de los poderes públicos, es de justicia reconocer públicamente esa actitud.

Los cargos electos se van a encontrar con una situación financiera global saneada, caracterizada por bajo nivel de deuda, ahorro bruto y aumento del remanente de tesorería. El sector local supo hacer frente a la crisis de 2008 y la pandemia tampoco ha empeorado su situación financiera. Habrá que estar atento, no obstante, a las reglas de consolidación fiscal europeas suspendidas durante este tiempo. Es evidente que podrían condicionar el margen de actuación futuro.

En la legislatura que termina se ha aprobado un nuevo modelo de financiación local, finalizando así un periodo de provisionalidad e incertidumbre en esta materia que generaba inquietud en los responsables de nuestros ayuntamientos. Dicho modelo exigirá en un futuro un análisis de su funcionalidad y adecuación para detectar, en su caso, los defectos de diseño y corregirlos.

Donde no hay avances es en el mapa municipal. La Cámara de Comptos ha insistido desde hace años en la necesidad de cambiarlo porque no favorece la eficiente prestación de servicios públicos. Diversos estudios señalan el límite de 5.000 habitantes como la población mínima de un municipio para prestar los servicios públicos esenciales de manera racional. Pues bien, de los 272 municipios navarros el 92 por ciento no supera esa población.

Ante esta situación, se abren dos opciones no excluyentes: por un lado, la fusión de municipios que plantea problemas tanto desde el ámbito económico como emocional; por otro, la creación de entidades supramunicipales que asuman competencias de los ayuntamientos. Esta es la solución planteada en nuestra legislación, mediante la creación de comarcas. Sin embargo, en esta legislatura no se ha avanzado en ese camino.

Vinculado con esto último, los electos municipales se van a encontrar con una situación de provisionalidad en puestos clave como secretarios e interventores. Los procesos excepcionales de estabilización de empleo pueden ayudar a solventar este problema.

Existen también algunos desafíos que exigen la implicación del Gobierno de Navarra y del Parlamento. Así, la legislación que regula los entes locales marca unos requisitos y exigencias muy poco flexibles, que no tienen en cuenta el tamaño del municipio ni su capacidad real para el ejercicio de sus competencias. Valga como ejemplo la normativa de contratación pública o la gestión del urbanismo. En estos ámbitos, se trata prácticamente igual al Ayuntamiento de Pamplona, con más de 200.000 habitantes, que al de Castillonuevo, donde viven dieciocho personas.

Debería regularse la función de control interno en las entidades locales y actualizar su régimen de contabilidad pública. Ambas cuestiones son clave para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los entes locales.

Hacer frente a la despoblación y envejecimiento de algunas zonas de Navarra también es un reto fundamental. Hablamos, especialmente, del Pirineo, Prepirineo y la Merindad de Estella, cuya ciudadanía tiene dificultad para acceder a servicios públicos básicos como sanidad, educación y protección social. Al mismo tiempo, se ve discriminada en otros aspectos como conexión a internet o agencias bancarias. Una ley foral sobre despoblación debería abordar de manera integral esta problemática.

Tampoco podemos olvidarnos de las exigencias de la sostenibilidad medioambiental en temas como el tratamiento de residuos urbanos, gestión integral del agua, eficiencia energética, lucha contra la sequía y desertización de parte del territorio. Son retos que exigen superar el horizonte de una legislatura. Abordarlos seriamente supone, en definitiva, pensar no en las próximas elecciones sino en las próximas generaciones.

Como presidente de la Cámara de Comptos, una última petición a los representantes municipales que salgan elegidos el 28 de mayo: que actúen con prudencia y responsabilidad en la gestión de los siempre limitados recursos públicos, buscando la máxima eficiencia para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos.

*El autor es presidente de la Cámara de Comptos de Navarra / Nafarroako Kontuen Ganbera