El próximo 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Reparación, que organiza Right to Repair Europe, y es un momento idóneo para analizar el estado actual del derecho a reparar objetos.
Right to Repair Europe es una coalición que representa a más de 170 organizaciones de 27 países europeos, e incluye ONG ambientales y actores del sector de la reparación, como grupos de reparación comunitarios, actores de la economía social, distribuidores de repuestos, autoreparadores, empresas de reparación y reacondicionamiento, y cualquier ciudadana o ciudadano que quiera defender su derecho a reparar. Se trata de un movimiento cuyo objetivo es hacer que la reparación sea asequible, accesible y generalizada. Luchan para eliminar las barreras que impiden la reparación de nuestros productos para que duren más tiempo. ¿Por qué? El problema es simple: los productos que utilizamos a diario son cada vez más difíciles de reparar. Los desechos electrónicos son el flujo de desechos que crece más rápidamente en el mundo, y los fabricantes de teléfonos y computadoras portátiles hacen que sus productos sean cada vez más difíciles de reparar. Y no se trata solo de los dispositivos digitales: la cantidad de electrodomésticos que fallan dentro de los cinco años posteriores a su compra también se está disparando.
En los últimos cincuenta años se ha impuesto la llamada economía lineal que consiste en producir, consumir y desechar, que ha sido puesta en cuestión en infinidad de veces, desde la publicación del Informe Meadows sobre los Límites del Crecimiento, encargado por el Club de Roma en 1972, en el que se venía a decir que no puede haber “un crecimiento ilimitado en un planeta de recursos limitados”. A partir de esta proposición tan evidente, se han materializado diversas estrategias en cuanto a una gestión avanzada de los residuos, desde la regla de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar) hasta una más alargada y con más erres: repensar, rediseñar, reutilizar, reparar, reducir, recuperar y reciclar. Y, entre ellas, está la de reparar el producto para que pueda seguir siendo utilizado.
En bastantes ocasiones reparar un producto es una cuestión demasiada complicada, ya que nos encontramos con la falta de repuestos, con productos que son muy poco duraderos por cómo han sido diseñados, con costes tan grandes que hace que no se fomente la reparación, y de ahí que se consuman tantos productos nuevos. A todo esto, habría que añadir la desorbitada publicidad que realizan muchos fabricantes que nos conduce a vivir en la sociedad del comprar, usar y tirar.
Francia es pionera en la lucha contra la obsolescencia programada defendiendo el Derecho a Reparar, cuando aprobó en 2020 la Ley de Economía Circular. Esta legislación introduce la etiqueta de reparabilidad obligatoria para ciertos productos electrónicos como smartphones y laptops. Los fabricantes deben indicar el nivel de reparabilidad de sus productos en una escala de 1 a 10, lo que permite a los consumidores tomar decisiones informadas al momento de adquirir un nuevo dispositivo. Y en Francia se ha seguido en esa dirección protegiendo a los consumidores y reduciendo el impacto ambiental generado por la producción excesiva de bienes de consumo.
A nivel europeo, en noviembre de 2020 el Parlamento Europeo aprobó la ley en favor del Derecho a Reparar, y tras varios retrasos, el 22 de marzo de 2023 la Comisión Europea presentó un texto, aunque limitado, bastante importante: la “propuesta de la UE sobre el Derecho a reparación” o popularmente llamada Directiva por el Derecho a Reparar. Esta propuesta avanza con pequeños pasos como la obligación de que los estados miembros creen plataformas nacionales en línea para registrar a las reparadoras, restauradoras y compradoras de bienes defectuosos para su reparación, con la posibilidad de ampliar su alcance para incluir las relaciones entre empresas, así como las iniciativas de reparación dirigidas por la comunidad. Otra mejora es que los talleres de reparación deberán presentar un presupuesto de estimación de reparación armonizado que incluya información obligatoria como el tipo de reparación sugerido y su precio o, si no se puede calcular el coste exacto, el método de cálculo aplicable y el precio máximo de la reparación.
El pasado 23 de abril de 2024, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva por el Derecho a Reparar, que deberá incorporarse a la legislación de cada uno de los estados miembros en el plazo máximo de dos años. La nueva normativa garantiza que los fabricantes presten servicios de reparación oportunos y rentables e informen a los consumidores sobre su derecho a la reparación. La garantía legal de los bienes reparados podrá ampliarse un año más gracias a su garantía de calidad, lo que incentivará aún más a los consumidores a elegir la reparación en lugar de la sustitución.
Ahora bien, la nueva normativa debería de haber ido más allá. En este sentido, obliga a los fabricantes a ofrecer una opción de reparación más allá de la garantía, pero sólo para un conjunto limitado de productos, entre ellos, lavadoras domésticas, secadoras, aspiradoras, lavavajillas y teléfonos. Por otra parte, solo se plantea que los fabricantes pondrán a disposición de los consumidores piezas de recambio a un precio razonable, pero sin especificar más.
Reparar es una de las opciones prioritarias en la jerarquía comunitaria de gestión de residuos, situada en el primer eslabón como una de las operaciones de prevención. La reparación permite conservar productos más tiempo, y, por tanto, hay que fomentarla, bonificando en parte estos servicios, como ya se ha hecho en algunos países europeos, y promoviendo la creación de espacios para reparar, como Traperos de Emaús.
*El autor es experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente