El Parlamento de Navarra aprueba la modificación de la ley del derecho a la vivienda para facilitar la declaración de zonas tensionadas en el mercado de alquiler. Desde verano, el Gobierno foral ha insistido en esta medida, generando grandes expectativas sobre algo que, en la práctica, no va mucho más allá de un brindis al sol. Aunque se modifique la ley foral de vivienda para alinearla con la estatal, la efectividad de esta regulación sigue siendo limitada.
La declaración de zonas tensionadas trae consigo, en teoría, la posibilidad de regular los precios. Esto puede sonar atractivo, pero si leemos la letra pequeña, enseguida nos daremos cuenta del trampantojo. Para empezar, esta ley solo trae cambios en los nuevos contratos; las renovaciones de alquileres que están en vigor no tendrán el precio limitado, sino solamente un tope a las subidas que ya se aplicaba de antes. Además, de entre los nuevos contratos, en la mayoría de casos –viviendas de pequeños propietarios que hayan estado alquiladas en algún momento durante los últimos 5 años– tampoco hay limitación de precios: simplemente se establece que el nuevo precio tiene que ajustarse al del anterior contrato en vigor, con la posibilidad de una actualización –por ahora limitada al 3 %–. Y, como se sabe, hecha la ley, hecha la trampa: este límite a las subidas se puede saltar si los propietarios aprovechan excepciones como mejoras en eficiencia energética o rehabilitación de accesibilidad, permitiendo subidas de hasta un 10%.
Por otra parte, hay casos en los que sí se puede aplicar un precio máximo: los nuevos contratos de viviendas de grandes propietarios –más de cinco casas o 1.500 m2– y de viviendas que no hayan estado alquiladas durante los últimos cinco años. Este límite al precio se aplicaría en base a un “índice de precios de referencia” que aún no conocemos, y que puede manipularse según la declaración de características por parte de los propios propietarios, dejando margen para irregularidades. En resumen: no se bajan los precios, se topan las subidas, y solo en algunos casos se establece un límite que parte de los precios de un mercado del alquiler ya inaccesible para gran parte de la población. Todo ello acompañado de un cóctel de incentivos y subvenciones para propietarios. El menú ya no resulta tan apetecible, ¿verdad?
Para enfrentar la crisis de vivienda, efectivamente, es esencial atacar la mercantilización que convierte la vivienda en un activo financiero, en lugar de proponer medidas que solo palian parcialmente el problema. La especulación ha llevado a un alza insostenible en los precios, expulsando a muchas personas del mercado libre del alquiler.
Frente a esta situación, y ante unos partidos y políticos que se muestran como parte del problema, hacemos un llamamiento a asistir a la manifestación convocada por los Sindicatos de Vivienda de Euskal Herria el próximo 14 de diciembre a las 13:00 en Bilbao (Plaza Circular).
El autor es miembro del Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria
