Intervención social: falta de recursos y precariedad

Llevamos días inmersos en la noticia del asesinato de María Belén, joven educadora social en un centro tutelado de Badajoz. A lo largo de los días se ha ido ampliando información sobre una noticia que ha impactado a la sociedad y que ha hecho tambalear a un sector: el de la intervención social.

Yo no soy educadora, soy integradora y trabajadora social, pero llevo 15 años dedicándome a este sector codo con codo con educadoras, auxiliares, trabajadoras sociales, pedagogas, psicólogas. Hablo en femenino porque, como ya se pueden imaginar, estas profesiones, en este ámbito, están profundamente feminizadas.

Desde luego, me sobran muchas informaciones que ahondan en la vida de los menores, en sus delitos pasados, en la historia de su familia, y sobre todo, el relato pormenorizado de lo que sucedió esa trágica noche, un morbo que encanta a muchos medios de comunicación. No entramos ninguna de nosotras a valorar por qué unos adolescentes llegan a cometer un acto tan cruel, ni cómo debiera ser la ley del menor, algo en lo que es fácil caer. Eso es tarea de otros.

Creo que lo que todas las personas que nos dedicamos a esto estos días queremos que se sepa cómo se trabaja en este sector. No hay duda de que, a mayor nivel de complejidad social, nos encontramos en las historias de las personas que acompañamos en algún momento de su vida. Nos hemos formado, y mucho, para poder desarrollar una profesión que, en la mayoría de los casos, viene de la vocación personal. Los recursos cada vez exigen mayor cualificación, mayor respuesta técnica, mayores estándares de excelencia. Nos parece bien, ¿quién no quiere que los recursos que atienden a la población sean excelentes, no?

Sin embargo, estos días las redes sociales se están llenando de relatos que llegan desde todas partes del Estado, desde múltiples asociaciones en atención a diferentes tipos de población (salud mental, discapacidad, protección al menor, medidas judiciales, tercera edad). Y el contenido de esos relatos es lo que queremos que se ponga en el centro del debate, en el centro del discurso, y en la lista de prioridades de las administraciones, tanto autonómicas como estatales.

No es posible seguir trabajando en constante tensión, con miedo, con menos recursos de los necesarios, tanto personales como medios materiales (centros que no cumplen medidas físicas, sobre ocupación de centros). Y esto, no ocurre sólo en Badajoz, o en Madrid, o en Canarias… esto ocurre en todas partes, sí, también en Navarra, en nuestras fundaciones y asociaciones, en los servicios sociales… Es importante acercar esta realidad a casa, para que se entienda la magnitud del problema y que no es algo de otros.

El caso de María Belén es un caso extremo que ha acabado de la peor manera, con su muerte, pero ocurren cientos de situaciones que, por muy complejo que sea el trabajo, no deberían ocurrir o habría que luchar por minimizar: amenazas, agresiones verbales, agresiones físicas. Sólo que yo haya vivido y/o presenciado y/o conocido porque le ha ocurrido a alguna compañera os cuento las siguientes: desplazamiento de vértebra por agresión, rotura de pómulo con afectación a la visión por agresión, amenazas de hundirte la vida, daños en vehículos particulares, agresión con una silla, acoso...

Suena a película, pero es algo que, por desgracia, se ha normalizado en nuestro día a día, llegas a oír que es parte del trabajo. Hay cosas que no se pueden evitar. ¿O tal vez sí?

Pero lo que no es parte del trabajo son las condiciones en que muchas veces desarrollamos nuestra labor. Sin los recursos materiales y de personal necesarios para, primero, ofrecer el servicio de calidad que todas deseamos ofrecer y que mejore la atención a las personas que lo requieren y que, a día de hoy, podríamos ser cualquiera. Y, segundo, sin medidas para mejorar las condiciones laborales y conseguir rebajar las altas tasas de ansiedad o depresión que enfrentamos las trabajadoras de este sector. No se cumplen nuestros convenios, los que están caducos no se mejoran, no se puede contratar más gente, nunca hay recursos y siempre hay excusas. Falta mucha voluntad política para que sintamos que se preocupan de nuestro trabajo.

El sistema, en general, hace mucho que da muestras de agotamiento porque no alcanza la evolución necesaria para dar respuesta a la evolución de la sociedad. Esto perjudica a las personas a quienes debemos acompañar en sus procesos personales, y también perjudica a las trabajadoras.

Debe ser prioridad para las administraciones acometer cambios profundos y, sobre todo, exigimos que esto sea reconocido con mejores condiciones laborales, dignas y seguras, equipos suficientes para no sentirse en soledad, mayor inversión en recursos y profesionales y reconocimiento del riesgo psicosocial así como medidas efectivas de prevención y protección.

Que esta tragedia no caiga en el olvido. No somos números.

Por último, trasladar un sentido pésame a la familia de María Belén, sus amistades y compañeras y colegas de profesión. Un fuerte abrazo.

La autora es trabajadora social y delegada de ELA en Fundación Gizain