El 4 de abril de 1919, la Gaceta de Madrid –antecesora del BOE– publicó el real decreto que establecía la jornada laboral máxima en ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales. Esta medida, fruto de la histórica huelga en La Canadiense, posicionó a España como pionera en derechos laborales en Europa, reduciendo una jornada que antes llegaba a doce horas diarias durante seis días a la semana, como herencia de la Revolución Industrial.
Hubo que esperar casi 65 años, hasta 1983, y con un gobierno del PSOE, para volver a reducir la jornada legal máxima a las actuales 40 horas semanales, marca que sigue vigente hasta hoy.
Ahora, el Gobierno de coalición progresista liderado por Pedro Sánchez ha dado un nuevo paso histórico. El 6 de mayo, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, se aprobó el Proyecto de Ley para reducir la jornada ordinaria máxima a 37,5 horas semanales de promedio anual. Este avance, fruto del diálogo social, recoge el acuerdo alcanzado con los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT el 20 de diciembre de 2024.
Tras casi cinco décadas de democracia, en las cuales nuestra economía ha dado pasos sustanciales hacia la modernización, la innovación y la apertura al mundo, es hora de dar un nuevo paso para extender al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras una reducción por ley de la jornada semanal de referencia para fijarla en las 37,5 horas semanales.
Los cálculos del Ministerio de Trabajo apuntan que el recorte de jornada beneficiará, en alguna medida, a un total de 12,5 millones de trabajadores y trabajadoras, 123.000 de ellos en Navarra. Un tercio de estos empleados –unos 4,4 millones de personas– verá reducida su jornada en al menos una hora y media semanal, sin pérdida salarial, tanto en contratos a tiempo completo como parcial. Además, se refuerzan mecanismos de control, como el registro horario obligatorio digital, y se endurecen las sanciones a empresas que no cumplan con la norma. Porque de poco sirve establecer derechos si no existen herramientas eficaces para garantizarlos.
Lo cierto es que, en los últimos años, el rumbo a escala internacional ha sido reducir las horas de trabajo, gracias a los avances tecnológicos y a la creciente concienciación sobre la importancia del equilibrio entre la vida laboral y la personal. Francia ya acordó, en el año 2000, una implantación progresiva de la jornada de 35 horas semanales, y son varios los países europeos que ya han reducido su semana laboral por debajo de las 40 horas. Más todavía: algunos países, como Japón o el Reino Unido, llevan a cabo pruebas para medir el impacto de la semana laboral de cuatro días en la actividad económica.
Esta rebaja en la jornada semanal supone un nuevo avance que vuelve a situar a nuestro país en la vanguardia de un derecho al tiempo, que es el estandarte de las sociedades modernas, civilizadas y orientadas al bienestar para las mayorías sociales.
Los colectivos más beneficiados por la medida son las personas trabajadoras no cubiertas por convenios colectivos, que pueden actualmente verse sometidas a una jornada laboral similar a la de los últimos cuarenta años y que se presentan con mayor intensidad en algunos territorios y sectores, como la hostelería, el comercio, la agricultura o los servicios.
La disponibilidad de tiempo libre es esencial para que cualquier persona pueda ejercer otros derechos y obligaciones distintos de los relacionados con el trabajo, como la corresponsabilidad en los cuidados o la conciliación con la vida personal de forma equitativa entre ambos sexos.
La disponibilidad de tiempo libre no solo es una cuestión de descanso, sino un requisito básico para ejercer otros derechos: cuidar de familiares, participar en la vida cultural, implicarse en actividades sociales o, simplemente, cuidar de la propia salud. La reducción de la jornada laboral impulsa el equilibrio entre vida personal y profesional, lo que repercute positivamente en el bienestar físico y mental.
Es importante señalar que la reducción de la jornada laboral no perjudicaría a nuestra economía, sino más bien lo contrario. Como ha demostrado la Reforma Laboral impulsada en 2021 por el Gobierno de coalición progresista, apostar por el capital humano dignificando sus condiciones laborales hace que la economía no solo crezca, sino que lo haga en términos de mayor competitividad y de redistribución del crecimiento y el progreso entre todos los agentes implicados. Desde el año 2018, nuestro país crea más empleo que nunca (hoy ya 21,6 millones de personas en activo), crece más que los países de nuestro entorno, la cuenta de resultados de nuestras empresas se ha incrementado en niveles récord y, todo ello, dando más estabilidad (con la menor cifra de temporalidad de nuestra historia) y mejores condiciones laborales a nuestros trabajadores y trabajadoras. Un círculo virtuoso en el que todas y todos ganamos, no solo unos pocos.
Otras ventajas, claves para las empresas, que podemos destacar de esta medida serán una productividad en alza, una mayor satisfacción y retención del talento, menos ausencias o reducción del absentismo, la optimización de recursos de las empresas o la mejora de la imagen corporativa.
Finalmente, es importante señalar, como ya dijo el presidente Pedro Sánchez, que la reducción de la jornada que impulsa el Gobierno de España cuenta con un importante respaldo social, según distintas encuestas realizadas. Un apoyo transversal entre la ciudadanía de diferentes edades, escalas sociales, profesiones e ideologías. Por lo tanto, hablamos de una medida socialmente reclamada y aceptada.
El proyecto de ley entra ahora en las Cortes Generales, en el Congreso primero y posteriormente en el Senado, para su tramitación parlamentaria. Y, como en toda tramitación parlamentaria, este es el espacio adecuado para introducir, desde el debate y el diálogo constructivo, mejoras en la misma que nos lleven, siendo fieles al espíritu y contenido esencial de la medida, a ampliar sus apoyos iniciales, sean políticos o sociales, con el objetivo de lograr el máximo consenso posible.
La política útil adquiere su especial fundamento cuando ataja cuestiones que impactan realmente en positivo en la vida de la ciudadanía. Esta iniciativa es, sin duda, una de ellas, y demandada por la mayoría social. Atendamos esa demanda que va a hacer de nuestro país y nuestra sociedad un espacio de mayor desarrollo, progreso y bienestar. Y ahí ganamos todos y todas.
El autor es senador por Navarra y portavoz de Trabajo del PSOE en el Senado
