La identidad nacional española es plurilingüe. Las lenguas no dividen, las lenguas son puentes; los españoles vivimos y convivimos en español, en catalán en euskera, en gallego. La lengua no solo se habla, en la lengua se vive, la lengua se habita. En nuestros idiomas pensamos, nos comunicamos y nos relacionamos. Por eso a las lenguas propias se vuelve siempre como se vuelve al hogar.

El español nos une con más de seiscientos millones de personas con las que compartimos ideas, valores, lazos humanos y un bagaje cultural sobre el que construimos nuestra forma de ver y de estar en el mundo. Por esa razón –porque es parte de nuestra identidad nacional– la promoción del español es una de las prioridades de nuestra política exterior. Y exactamente por esa misma razón, porque también son parte de nuestra identidad nacional, el catalán, el euskera y el gallego deben ser lenguas oficiales de la Unión Europea.

Más de veinte millones de españoles, el 40% de nuestro país, viven en comunidades autónomas con varias lenguas cooficiales. En catalán, en euskera, en gallego, también somos, también nos organizamos, también nos proyectamos, también nos reconocemos y convivimos los españoles. Esa es la realidad de España, esa es la identidad de nuestro país que quedó plasmada en nuestra Constitución, cuyo preámbulo declara la voluntad de “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones” y que reitera, en el artículo 3, que “la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”. Es un reconocimiento de nuestra identidad, pero también es un mandato a los poderes públicos.

Para el Gobierno de España, proteger y promover nuestras lenguas es por tanto una obligación, una respuesta a ese mandato constitucional. Así pues, lo extraño no es que el Gobierno o el ministro de Asuntos Exteriores defendamos nuestra identidad nacional, lo extraño, lo anómalo sería no hacerlo faltando al mandato constitucional. Pero para este Gobierno, el reconocimiento de nuestras lenguas no es solo una obligación, es también una convicción profundamente democrática y profundamente cívica. Democrática porque parte del respeto a los españoles y españolas, a todos ellos, tal y como son, tal y como somos y como vivimos cada día. Cívica, porque sobre esa riqueza lingüística hemos construido nuestra convivencia en una España real que es libre precisamente en el reconocimiento de su identidad plural.

Desde esa convicción emprendimos el camino hacia la oficialidad en Europa del catalán, el euskera y el gallego. Un camino irrenunciable porque no podemos renunciar a nuestra identidad nacional; un camino irreversible porque va más allá de un momento coyuntural. No se puede gobernar España dando la espalda a más de veinte millones de españoles y a la Constitución española.

Se trata además de una aspiración amparada por el propio Tratado de la Unión Europea que señala, en su artículo 3.3, que “la Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística” y establece, en su artículo 4, la obligación de que la Unión respete la identidad nacional de los Estados miembros. Es, en todo caso, una decisión política ya que, tal y como indica el artículo 342 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, “el régimen lingüístico de la Unión será fijado por el Consejo mediante reglamentos, por unanimidad”. Una aspiración legítima, acorde a los tratados y que no debe suponer inquietud alguna para nuestros socios ya que hemos establecido unos criterios que impiden que sea un precedente para aquel Estado que no lo desee, España asume todos los costes de las tres lenguas y hemos dejado claro, con un sólido informe jurídico, la conformidad con la regulación europea. España respeta y apoya la identidad nacional de todos los Estados miembros de la UE y esperamos el mismo respeto y el mismo apoyo de nuestros socios europeos para nuestra identidad nacional.

El camino a la oficialidad tenemos que recorrerlo juntos; tenemos que impulsarlo, en España y en Europa, todos los partidos políticos y grupos parlamentarios. Tenemos que hacerlo unidos en defensa de nuestra Constitución y desde el orgullo de nuestra identidad nacional.

Más de diez millones de europeos hablan catalán, muchos más que otras lenguas oficiales de la Unión Europea. Unos tres millones de europeos hablan gallego. Casi un millón lo hacen en euskera. Si queremos una Europa fuerte tenemos que querer también la Europa de los ciudadanos. La empresaria o el trabajador de Lleida que emplean el catalán en su día a día merecen que su idioma sea lengua oficial en Europa. La maestra de Lalín que cada mañana va a la escuela a construir el futuro de nuestros hijos merece que su idioma sea lengua oficial en Europa. La familia de Zumaia que siempre ha hablado euskera merece que su idioma sea lengua oficial en Europa. El catalán, el gallego y el euskera tienen que ser oficiales en Europa porque más de veinte millones de europeos viven en territorios donde se hablan estas lenguas, porque todas nuestras lenguas son profundamente europeas, porque la historia y la literatura europea no se entiende sin Cervantes, tampoco sin Salvador Espriu, Rosalía de Castro o Bernardo Atxaga.

El camino ya está abierto y no se volverá a cerrar.

*El autor es ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación