En Navarra hemos abierto un debate que hacía décadas que no se producía: ¿deben los trabajadores participar en los consejos de administración de las empresas y fundaciones públicas? Desde UGT lo decimos con claridad: sí. No es solo una opción posible, es una obligación democrática y constitucional. Lo dice el artículo 129.2 de la Constitución Española, que ordena a los poderes públicos promover “la participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de vida o al bienestar general”. Y también señala que deben fomentar la participación de los trabajadores en la empresa. Llevamos demasiado tiempo ignorándolo.

Durante años, en Navarra y en toda España, los representantes de los trabajadores formaron parte de los consejos de administración de diversas entidades públicas. Fue una conquista del sindicalismo democrático. En algunas empresas públicas todavía se mantiene esta presencia, aunque de forma muy limitada. También se logró en ciertas empresas privadas, como la actual ArcelorMittal, heredera de Aceralia y luego Arcelor, o en el Grupo Volkswagen, donde los trabajadores tienen voto en decisiones estratégicas. Es decir: no hablamos de una utopía ni de teoría, sino de una realidad que existe y que ha demostrado su utilidad.

En Europa esto no es excepcional. Es lo normal. En Alemania, en Francia, en Italia, en Austria o en los países nórdicos, la codeterminación –la participación de los trabajadores en los consejos de administración o en órganos como los Comités de Vigilancia– forma parte de la cultura democrática y empresarial. Dieciocho de los veintisiete países de la Unión Europea tienen leyes que garantizan algún tipo de representación de los empleados en los órganos de gobierno de las empresas públicas y privadas. No ha hundido su economía, no ha paralizado las decisiones: al contrario, ha aportado estabilidad, transparencia, innovación y cohesión social.

¿Y por qué funciona? Porque quienes están cada día a pie de obra conocen mejor que nadie los problemas reales, las necesidades del servicio y las consecuencias de cada decisión. Su conocimiento directo de las operaciones diarias permite adoptar decisiones más realistas y ajustadas a las necesidades sociales y evita que la gestión se reduzca a cifras, recortes o intereses partidistas. La codeterminación también ayuda a pensar en el largo plazo: invertir en infraestructuras, formación o innovación, no solo resolver lo inmediato o aguantar hasta la próxima legislatura.

Además, su presencia actúa como freno a posibles abusos. Tener representantes de los trabajadores en los consejos permite vigilar desde dentro los salarios y privilegios de la alta dirección, evitar decisiones unilaterales injustas y reducir el riesgo de mala gestión. Es un mecanismo de control democrático. Y cuando los trabajadores participan, crece el compromiso con la organización, disminuyen los conflictos laborales y mejora el clima interno. Más participación no genera caos; genera responsabilidad compartida.

Además, este modelo fortalece la transparencia y la rendición de cuentas, al permitir una vigilancia interna que detecta ineficiencias o desajustes antes de que afecten al servicio. Diversos estudios académicos avalan que esta participación genera efectos positivos tanto en el desempeño organizativo como en la confianza ciudadana en las instituciones.

Desde UGT Navarra, y de la mano de UGT Confederal, llevamos meses trabajando para que esto sea una realidad también aquí. No solo porque es constitucional, justo y eficaz, sino porque fortalece lo público y la confianza de la ciudadanía. No queremos ser invitados de piedra. Queremos estar donde se decide: en los consejos de administración de las sociedades públicas, de los consorcios, de las fundaciones, allí donde se gestionan recursos y servicios que son de todos.

Por eso, queremos dirigirnos directamente al Gobierno de Navarra: es hora de dar el paso. No basta con reconocer el valor de los servicios públicos; hay que democratizar su gestión. Pedimos al Ejecutivo que impulse los cambios normativos necesarios para garantizar la presencia de los representantes de los trabajadores en los órganos de gobierno de todas las entidades públicas, siguiendo el mandato del artículo 129.2 de la Constitución.

A los partidos del Parlamento de Navarra les decimos: este no es un debate de izquierdas o derechas, sino de democracia y de responsabilidad. Si confiamos a los trabajadores la tarea de educar a nuestros hijos, curarnos en los hospitales o mantener nuestras carreteras, ¿cómo no vamos a confiarles también una silla en la mesa donde se toman las decisiones que afectan a su trabajo y al servicio que prestan?

Y a la ciudadanía navarra, especialmente a quienes usan cada día los servicios públicos, les pedimos que apoyen esta iniciativa. Porque cuando la voz de quienes atienden el mostrador, operan la maquinaria, acompañan a los mayores o limpian nuestros hospitales está presente donde se decide, ganamos todos. Se gobierna pensando menos en los titulares y más en las personas.

La codeterminación no es un privilegio sindical, es democracia en el centro del trabajo. Es reconocer que lo público no se dirige solo desde los despachos, sino también desde el conocimiento, la experiencia y el compromiso de quienes lo sostienen día a día. Navarra puede ser pionera en España en recuperar este derecho. Y desde UGT Navarra vamos a seguir empujando hasta conseguirlo.

El autor es secretario general de UGT Navarra