Las desigualdades sociales en salud son descritas como las diferencias en salud entre grupos de población definidos social, económica, demográfica o geográficamente que se consideran injustas y evitables. La OMS señala que son el resultado de la situación en que la población crece, vive, trabaja y envejece, y del tipo de sistemas que se utilizan para combatir la enfermedad. En Euskal Herria a pesar del continuo descenso del desempleo en los 10 últimos años recogido por el SEPE y el aumento del salario mínimo, que ha pasado de 735 euros mensuales de 2018 a los 1.184 euros de 2025, el valor del índice de desigualdad Gini cae indicando un aumento de desigualdad socioeconómica y el indicador de riesgo de pobreza se ha incrementado en la última década.

Se crean muchos empleos, pero con salarios insuficientes para cubrir las necesidades vitales básicas, lo cual explica la normalización del pluriempleo y la proliferación del trabajo informal, con condiciones de trabajo precarias y exposiciones a numerosos riesgos laborales no atendidos o mal gestionados que explican la elevada frecuencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El acceso a la vivienda, sea en propiedad o en alquiler, se torna imposible para la mayoría de la población joven y el aumento de los precios de alimentos saludables, como frutas, verduras y pescado, explican el descenso de su consumo. A todo este abanico de factores desfavorables para la salud de los colectivos más vulnerables se une la amenaza del descenso de los recursos presupuestarios públicos para gasto social, incluida la salud y sus determinantes sociales (educación, vivienda, prestaciones…), fruto de diversas causas y entre ellas la decisión de incremento del gasto militar anunciado por los estados pertenecientes a la OTAN, incluido el español, aunque éste lo haga gradualmente.

Los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde, con el apoyo de CCOO y UGT en la CAV, han puesto en marcha un proceso para reclamar y conseguir un salario mínimo interprofesional (SMI) propio para los y las trabajadoras de Hego Euskal Herria. Señalan adecuadamente que el salario mínimo es un mecanismo de reparto de la riqueza y de cohesión social, reduce el número de personas por debajo del umbral de la pobreza e impulsa una negociación al alza de los salarios en sectores con condiciones de trabajo mejores que las legales. Por eso necesitamos que se establezca un salario mínimo en función de las necesidades de las y los trabajadores vascos.

Con objeto de reducir las desigualdades en salud, desde la coordinadora de Plataformas de Defensa del Sistema Público de Salud (Osasun Publikoaren Aldeko Plataformak) rechazamos la desconsideración de la exigencia sindical formulada a los parlamentos de Gazteiz e Iruñea. Esta demanda sindical se hace acertadamente en favor de la aprobación de una proposición de Ley para la reforma del Estatuto de los Trabajadores vigente para así permitir el reconocimiento competencial de las CCAA en el establecimiento de un SMI propio.

Firman esta carta: Iñaki Moreno Sueskun y Jose Antonio Donlo Becerril Nafarroako Osasun Plataforma / Plataforma Navarra de Salud