Larga vida al Consejo de Navarra

El Consejo de Navarra puede ser una de las instituciones más desconocidas de nuestra Comunidad Foral. Previsto en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, es, a semejanza del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo de nuestra Comunidad Foral, debiendo actuar con autonomía, objetividad e independencia, velando por la observancia del ordenamiento jurídico, con respeto al régimen foral de Navarra, a la Constitución, a los derechos y libertades de los ciudadanos y a las leyes, que no son otra cosa que el mandato de los ciudadanos y ciudadanas.

La función pública debe ser entendida, como suele sostenerse, como una actividad de asesoramiento jurídico y, también, de control de la conformidad de la acción pública al ordenamiento jurídico, con el fin de garantizar el respeto al conjunto de valores, principios y normas que configuran el ordenamiento jurídico.

Se trata de garantizarlo, como solía recordar nuestro primer presidente, con la “auctoritas” (saber socialmente reconocido) frente a la “potestas” (poder socialmente establecido), de manera que se ofrezcan consejos y no órdenes o requerimientos.

Como señaló en su momento la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española en su toma de posesión como consejera del Consejo de Estado: “En un mundo en constante cambio, política, jurídica y socialmente, el Derecho como mecanismo de garantía de paz social es más necesario que nunca. Y por esa perenne e imparable evolución, las apelaciones constantes a la serenidad y al sosiego en la producción normativa, como las que se hacen desde los consejos consultivos y reclama la abogacía, son de todo punto imprescindibles”.

Y me refiero, sí, específicamente a la abogacía, porque es paradigma de independencia y libertad en la defensa de los derechos de la ciudadanía, y debe servir de modelo de la independencia y libertad con la que ha de manifestarse el Consejo de Navarra en todo momento.

Parafraseando a Raymond Poincaré diré que el Consejo de Navarra, como los abogados y abogadas en el foro, no debe tener otro señor que el Derecho, como máximo exponente de su libertad.

En manos de nuestras instituciones y del propio Consejo de Navarra estará poner de manifiesto y demostrar las evidentes ventajas que ofrece el sistema de control y asesoramiento libre e independiente que le corresponde, para que la decisión que tome el Gobierno y la Administración resulte conforme a Derecho. Y es que, en democracia, todas las instituciones y también esta, se encuentran sujetas al veredicto de la soberanía popular.

Resultan procedentes a mi parecer, dos consideraciones.

La primera debe estar necesariamente referida a la elección de los miembros del Consejo de Navarra, que deben ser, en todo caso, personas capaces e independientes, que actúen únicamente guiadas por la ley y el Derecho. No se trata de poner en cuestión el sistema de elección de los consejeros por parte del Parlamento de Navarra, sino de evitar la perversión del sistema de las cuotas de poder, ya que el acuerdo en la elección de personas de reconocido prestigio e independientes (que no sean ni de unos ni de otros) debería ser la mejor de las recetas.

En segundo lugar y respecto a la procedencia de sus componentes. Ni todos sus miembros deben ser profesores, ni todos ellos deben ser abogados. La experiencia nos demuestra que la concurrencia de teóricos y de prácticos del Derecho resulta de especial interés y creo que ha sido, junto con su reducido tamaño, uno de los principales activos de nuestro Consejo, toda vez que hace que se encuentre pegado a la realidad, genera rigor y resulta sostenible desde el punto de vista económico.

Larga vida al Consejo de Navarra.

El autor es expresidente del Consejo de Navarra