El artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene el derecho a salir de cualquier país, incluso del suyo propio, y a regresar a su país.
Miércoles 31 de diciembre. 18.00 horas. 2º C en la calle. En el aula del Centro Comunitario se amontonan una docena de personas que acuden a clase de castellano. Aprovechan la clase para estar un rato calientes, cargar sus móviles y lavarse un poco en el aseo. Algunas personas viven en una habitación compartida pero la mayoría está en situación de calle o, lo que es lo mismo, sin techo.
Pregunto qué hacían en sus lugares de origen y me cuentan: M. era conductor de camión dedicado al transporte internacional; N. estudió derecho y en Argelia regentaba una peluquería; A. trabajaba como albañil; R. es licenciado en medicina; H. Costurera; A. conductor de autobús; S. vendía pescado; A. trabajaba en una granja y criaba caballos; H. era auxiliar en un hospital infantil; T. es licenciada en economía y gestión; H. era electricista; N. cocinera y S. no pudo terminar sus estudios de bachiller porque tuvo que empezar a trabajar. La mayoría procede del Magreb y hay alguna persona procedente de Asia y del Sahel. Todas ellas llegaron a Navarra en busca de un futuro mejor.
El motivo más frecuente de su viaje, según indican las estadísticas, suele ser buscar mejorar su calidad de vida. Otras razones son inestabilidad política, conflictos armados, sequías y crisis climática, persecución por razón de género, religión o etnia, etcétera.
La Ley de Extranjería impide trabajar legalmente a quienes no tienen regulada su situación administrativa. En teoría, la regularización podría conseguirse en dos años, pero lo habitual es que los dos años se conviertan en cuatro debido al entramado y complejo muro burocrático que exige incontables requisitos administrativos, muy difíciles de cumplir, y a la demora de las instituciones en resolver las solicitudes de residencia. Durante el tiempo en que las personas no tienen sus papeles en regla permanecen en un limbo, generalmente en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad.
La Unión Europea practica una política perversa porque, siendo un continente pobre en recursos, aprovecha estrategias de poder post-colonialistas para extraer las riquezas naturales de África a bajo coste, sin el valor añadido de las manufacturas. Ello impide el desarrollo de estos países y, al mismo tiempo, Europa cierra sus fronteras a la llegada de personas. La extracción de cobalto, platino, manganeso, fosfatos, tierra raras, petroleo y gas, pesca y productos agrícolas provoca un desequilibrio estructural y asimétrico que lastra sus economías sin mucha esperanza de cambio.
Solicitamos que el Gobierno de Navarra inste al Gobierno central a reformar la Ley de Extranjería para facilitar el acceso al empleo a todas las personas, concediéndoles una ciudadanía plena con sus derechos y deberes. Esto eliminaría una gran cantidad de gestiones administrativas y gastos derivados, y facilitaría la inserción sociolaboral de manera natural.
En el ámbito de lo local, solicitamos a Gobierno y Ayuntamientos que atiendan a estas personas –ahora mismo no se está recibiendo a quien no tiene padrón– así como que faciliten itinerarios de inserción. Para ello es fundamental reforzar los equipos de trabajo social de los Servicios Sociales de Base, en lugar de invertir dinero en externalizar recursos que suele conllevar una precarización del empleo en el ámbito social. A modo de ejemplo, en diciembre de 2025 el Ayuntamiento de Pamplona adjudicó a una empresa el contrato de servicios para estudio y diagnóstico sinhogarismo y elaboración de un plan integral de atención del Ayuntamiento de Pamplona por un importe de 58.140,50 €. ¿No sería más lógico invertir ese dinero en un/una trabajadora social que recibiera e hiciera un cuestionario a quienes viven en nuestra ciudad y no tienen padrón de las que no se sabe nada porque no se les recibe? Todo el equipo del Área del Ayuntamiento podría elaborar el Plan una vez conocido el perfil de personas atendidas.
Para abordar estos días de temperaturas extremas, el ayuntamiento ha habilitado durante varias noches un recurso para que duerman 30 personas –puede haber 200 personas o más sin techo–. El miércoles 7 de enero se ha previsto no abrir el recurso debido a la subida de temperaturas: 4º a las 22.00 horas, 6º a las 24.00 y 2º a las 5 de la mañana. No parecen temperaturas agradables para dormir al raso. Con urgencia exigimos que, por razones de humanidad, se abra urgentemente un espacio abierto para que las personas sin recursos puedan dormir en condiciones mínimamente dignas. Podría utilizarse, como en anteriores ocasiones, el Albergue de Jesús y María, con 112 plazas y ocupado hoy por cuatro peregrinos.
Pensando globalmente y actuando localmente.
Punto de Información para Personas Migradas / Migratuendako Informazio Gunea (PIM-MIG)